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El aborto frustra un proyecto de vida y su desarrollo integral - José J. Castellanos

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El aborto es un delito bajo cualquier circunstancia, así lo define nuestra legislación. Se equivoca quien piensa o afirma que está legalizado. Eso no ha ocurrido. Lo que se ha hecho en nuestros códigos penales es establecer circunstancias excepcionales ante las cuales quien comete ese delito no es castigado, pues el legislador -correcta o incorrectamente- consideró que las mismas tienen tal fuerza y provocan tales circunstancias que es preferible excluirlo de responsabilidad y pasar por alto el hecho de que se da muerte a un ser humano en proceso de gestación, que sancionar a quien bajo las circunstancias señaladas llegó a tal extremo. Esto es muy discutible, pero es la situación prevaleciente.



Los partidarios del aborto han pasado de las circunstancias fisiológicas que se supone ponen en riesgo la vida de la madre, de los criterios eugenésicos o del desequilibrio causado por una violación, a criterios cada vez más laxos como las dificultades económicas de la madre, la incapacidad de atender a un hijo más o el simple derecho a disponer "del propio cuerpo" en uso de la libertad.



No faltan los argumentos compasivos que invocan "los miles de muertes" de mujeres que se ven "obligadas a abortar en la clandestinidad y en condiciones poco salubres, lo cual podría evitarse, dicen, si dichos abortos se realizaran en condiciones higiénicas y hasta accesibles en los sistemas sociales de salud para quienes carecen de recursos para financiar la irrupción quirúrgica en el seno materno y arrancar del mismo la nueva vida.



Estamos ante un fenómeno mundial que tiene, según denuncia Michel Schooyans[1], un centro de unificación intelectual y de promoción económica y política en algunas instancias de la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, y en algunos organismos financieros internacionales, así como cuantiosos recursos económicos disponibles. En nuestro medio se repite, con atraso y poco genio, lo que se dicta en esos foros.



Es una globalización indiscutida por sus promotores, a pesar de que dicen ser opuestos a dichas intervenciones económicas y culturales. El tema provoca, por supuesto, debate. Son más los que aman la vida que quienes se muestran indiferentes o promotores del aborto. Sin embargo, con gran habilidad han logrado ubicarse en centros de decisión o influir sobre líderes de opinión que aunque no sean expertos en la materia, usan de su prestigio en otros campos para opinar sin conocimiento de causa, como algunos lo reconocen, pero influidos por los argumentos sentimentales que están en boga.



Crisis de la moral, crisis del derecho



En el contexto del debate, quienes impulsan la legalización del aborto, o la no penalización del mismo bajo ciertas circunstancias, suelen afirmar que quienes se oponen a dicha medida recurren a argumentos religiosos o de "moralina" con la pretensión de desacreditar su voz, como si en uno u otro caso el hecho de que las iglesias se ostenten como defensoras de la vida o se invocara la moral como barrera de la acción bastara para descartar esas voces.



Que las iglesias invoquen la moral como norma de los actos no es de extrañar. Ellas tienen la misión, precisamente, de servir de guías a la humanidad respecto de la bondad o maldad de los actos humanos en razón de la trascendencia y superioridad de la espiritualidad del hombre sobre la pura materia. Estas voces, que en otros momentos y circunstancias esgrimen la ética como arma frente a sus adversarios -tengan razón o no- olvidan que el objeto de la ética es el mismo de la moral: el bien y el mal, analizados desde la perspectiva filosófica.



Por desgracia, en nuestro tiempo nos enfrentamos a una de esas cíclicas crisis morales que azotan a las civilizaciones en los momentos en que se encaminan a la decadencia. Aún en la comisión del mal, el hombre se muestra poco original y creativo, pues estamos viviendo fenómenos que ya ocurrieron en el pasado, sólo que ahora los podemos ver o leer a través de los medios de comunicación. Ya en la Grecia clásica fue escuchar a sus exponentes, conocidos como sofistas, y quien sepa un poco de historia recordará que ésta fue una de las causas de la destrucción del Imperio romano.



Asistimos a una era de relativismo ético, de una moral de conveniencia que se ajusta a criterios subjetivos donde el propio interés, más que la norma objetiva, se esgrime para apoyar y justificar la propia conducta. Ya no asumimos las normas universales que se asumen tácitamente en épocas de normalidad. Este es el tiempo que ahora vivimos[2] y que explica por qué se esgrimen los argumentos antes señalados por encima del valor primario de la vida, de la vida humana, cuyo destino es abrupta y salvajemente segado en el vientre materno mediante el aborto.



Hoy todo se quiere volver opinable, aunque se trate de asuntos vitales, de manera especial éste. Por ello poco importa lo verdadero, entre ello lo científico, como es el hecho de que gracias al aporte de la genética hoy se sabe con certeza que el embrión humano, desde la concepción, es un ser diferenciado de la madre; que no es un conjunto amorfo y desorganizado de células sino un individuo independiente, vivo, que sigue un proceso de auto-desarrollo donde no hay un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo con el transcurso del tiempo, sino que tiene una sucesión de continuidad en lo que es, a través de un proceso de desarrollo.



La verdadera ciencia no tiene duda de que desde la perspectiva del genoma humano, con la unión de un óvulo y un espermatozoide se inicia una vida humana en proceso de desarrollo. Proceso que, por cierto, no termina a los nueve meses con el alumbramiento, ni siquiera con la adultez, pues el desarrollo de esa vida no sólo es físico sino también de orden espiritual y continúa aun cuando desde la perspectiva de la biología inicia su decadencia. Se trata, pues, de "un ser en camino" o status viatoris, como nos recuerda Eugenio Trueba Olivares.[3]



Hay que recordar, además, que moral y derecho, aunque no son lo mismo, van de la mano. Esto es válido si admitimos que el objeto del derecho es la justicia. Pues derecho y ley no necesariamente se identifican, como está claramente demostrado a través de la historia. Sólo el derecho que busca concretar la justicia desde el más profundo significado de la moral sirve de soporte al Estado de derecho. Si, en cambio, el derecho positivo, es decir, el legal, lo que busca es soportar y legitimar intereses particulares o de grupo, por numeroso que éste sea, nos encontramos ante la arbitrariedad de la tiranía.



Legales fueron el nazismo, el fascismo y los estados del socialismo real, y todos ellos fueron injustos. Si se invoca que esas leyes fueron hechas por el grupo en el poder y que ahora se trata de órganos legislativos emanados de la voluntad popular, podríamos decir que lo mismo dijeron algunos de aquellos gobiernos. Pero tampoco es suficiente la pura mayoría para decretar la verdad. Las mayorías, sobre todo cuando adquieren la característica de "masa", suelen equivocarse siempre.



"Si todo es opinable -dice Ana Marta González- nada hay que oponer en principio al derecho del más fuerte, como no sea una fuerza mayor. Que en una situación semejante uno no se imponga a los demás es sólo cuestión de número, de tiempo, de ganas. Y es que sólo si hay lugar para una verdad común a todos, cabe trascender los intereses meramente privados; sólo la apelación a una verdad y a un bien que se sustraiga en principio a interpretaciones interesadas pone realmente a salvo de la tiranía. Por el contrario, si no hay verdad sólo queda el interés particular, oculto tras una retórica más o menos hábil, más o menos persuasiva".[4]



El derecho, para la justicia y el bien común



Las normas morales son, por tanto, las reguladoras de la conducta humana. Esto no significa, sin embargo, que toda norma moral deba traducirse al derecho, ni que todo el derecho se base, en estricto sentido o de manera directa, en una norma moral. Hay conductas morales que quedan en el fuero interno de las personas y que, por lo tanto, no son objeto de la norma jurídica. Hay también disposiciones que tienen como razón de ser la mejor convivencia de los hombres y que tienen expresiones arbitrarias moralmente indiferentes, como circular por el lado derecho o izquierdo de la calle, o las señales de tránsito.



Pero, aún en este último caso, el cumplimiento de la norma adquiere valor de bondad o maldad, ya que al cumplirse permite la convivencia y al violarse no sólo introduce el desorden social sino que, incluso, puede provocar daños materiales o humanos por su violación. El derecho, en expresión tradicional de Ulpiano, es "la perpetua y constante voluntad de dar a cada quien lo suyo".



Hay cosas que son propias del ser humano por el solo derecho de existir, es decir, de ser engendrado. A título de la propia existencia, el hombre adquiere derechos que le deben ser respetados, primero, y posibilitados, después. Hoy los conocemos como derechos humanos. Estos derechos, entendidos como primeros principios inobjetables, no requirieron ni introducción ni justificación al ser declarados por la Organización de las Naciones Unidas para ser proclamados como salvaguarda y protección de la dignidad y la vida humana, frente al horror del totalitarismo. Su origen es la vida misma y lo primero que protegen es esta vida.



Lo que se opone a la existencia o desarrollo de esta vida, viola estos derechos. Hay, también, derechos adquiridos, algunos de los cuales corresponden al hecho de pertenecer a un grupo, a una sociedad. Dice Efraín González Morfín: "Para realizar el bien común, la vida de los hombres en sociedad está regida por normas morales que responden a las exigencias, a los fines y a los límites de la convivencia social y, por esta razón, dan origen al derecho. El derecho es la forma que debe tomar la moral para realizar el bien común, a regular preferentemente los aspectos externos de la convivencia del hombre en sociedad.



Para ser congruente con su propia esencia, la moral debe hacerse derecho con el fin de respetar y promover de manera jurídica el bien común en la vida social y de evitar que se establezca como exclusiva la promoción y defensa no jurídica de los valores en la convivencia, con el consiguiente perjuicio del bien común".[5]



Por tanto, el derecho se erige, por una parte, para promover la justicia y, por la otra, para posibilitar, impulsando conductas positivas o impidiendo las negativas, el bien de las personas y de la comunidad. La razón de ser de la ley, al servicio del derecho, es exigir coactivamente el cumplimiento de las normas impidiendo la injusticia y evitando los daños sociales.



Teóricamente, como invocó Sócrates, lo más propio del hombre es la justicia que la injusticia, y más valía sufrirla que cometerla, de allí que él, libremente, se dejó ajusticiar y se colocó por encima de sus jueces. Pero resulta que hay otros, como los niños recién concebidos o las naciones sobre las que se comete genocidio, que son exterminadas sin que se les pida opinión, pasando sobre su dignidad.



¿Hacia el triunfo de la fuerza bruta?



La fuerza bruta tiene su sustento en sí misma y su capacidad de ejercerse no requiere argumentos, no los tiene. Si se analizan uno por uno los argumentos esgrimidos para justificar el aborto, rápidamente podremos ver que no prevalecen ni la justicia ni el bien común: cuando se invoca la salud de la madre, la física, descubriremos que pocos son los casos actuales en los que verdaderamente está en riesgo ante la ciencia moderna. Y aún en ese caso, ¿hay vidas que sean más valiosas que otras? ¿Acaso puede decirse que el nuevo ser en el vientre materno sea un agresor, cuando ni siquiera por su propia voluntad vino a la vida, sino que la madre contribuyó a su advenimiento?



En el caso de la violación se invoca la agresión, no del embrión sino del violador, para dañar a un tercero que es inocente del suceso y sí, en cierta forma, víctima del mismo, aunque de un hecho al que, paradójicamente, debe la vida. ¿Acaso con el aborto se resarce el daño recibido? ¿Cómo? El efecto físico del embarazo durará a lo más nueve meses, el de la violación no puede restañarse. El hijo no deseado, quizá no querido, puede ser dado en adopción, aunque muchas madres, porque tienen entrañas, finalmente lo conservan por el único argumento de que, a fin de cuentas, es su hijo.



Toda mujer sabe y siente que lo que lleva en las entrañas es un hijo. Puede ofuscarse por la indignación frente al honor perdido, pero no puede ocultarse a sí misma que si atenta contra la criatura, mata un hijo. El daño psicológico, pese a la impunidad penal, es en ocasiones la condena más fuerte que vive una madre, en lo que hoy se conoce como "síndrome posaborto" y cuyas secuelas llevan, en ocasiones, al suicidio. ¿Cuál justicia, cuál bien se protege matando al nuevo ser?



Las razones eugenésicas no debieran mencionarse. ¿Qué no fue eugenésico el holocausto? ¿Qué no fueron razones eugenésicas las que llevaron a justificar experimentos humanos en los campos de concentración? ¿Quién puede erigirse como amo y dueño de la vida para condenar a un inocente, por sospecharse o tenerse certeza de su enfermedad, a la pena de muerte, cuando en nuestro tiempo se levantan clamores pidiendo la eliminación de la pena de muerte hasta para los criminales más despiadados?



Conciencia clara del valor de la vida



La historia del derecho muestra que éste ha estado orientado lo mismo a la protección de los bienes materiales que a la vida. ¿Cuál de ellos puede ser más valioso? Nadie dudaría en responder que la vida, pues sin ella, ¿qué sentido tienen las riquezas?



Sin tanta ciencia como tenemos en la actualidad, ya desde antiguo se protegió la vida en el seno materno, según se expresa en el Código de Hammurabi. Al trasgresor se le imponían multas e incluso la muerte. Asirios y babilonios también castigaban este crimen. La literatura Veda condena el aborto, al igual que el código de Manú y el Zeda-Vesta. El juramento de Hipócrates, que sirvió de norma deontológico a los médicos durante siglos, también rechaza esta criminal acción.



Las disposiciones anteriores surgen precisamente porque el crimen del aborto no se ha inventado ahora. Éste ha estado presente en todo tiempo -como el robo, el crimen y otros delitos más- pero junto al aborto ha estado siempre presente el Derecho para proteger la vida en sus inicios. Frente a la decadencia social, la sociedad reaccionó siempre para proteger la vida.



Así reaccionaron Septimo Severo y Caracalla en la decadencia romana. Tampoco han faltado momentos oscuros de considerar al feto como una masa informe de células, pero la constante es la protección de la vida desde sus inicios.[6] En nuestro tiempo, por más que se han querido retorcer los conceptos, replantear definiciones y fingir ignorancia respecto de la fecundación y sus características, la verdad se impone en los documentos jurídicos internacionales.



Así, del mismo modo que por un lado algunos organismos internacionales impulsan el aborto, la verdad se impone por otro lado, como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño. Existen documentos internacionales vinculantes que la Suprema


Corte de Justicia de la Nación ha declarado que están por encima de las leyes locales, que protegen el derecho a la vida y México está obligado a cumplirlos. Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,[7] en su artículo 6.



Otro tanto ocurre con la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 6 reconoce el derecho a la vida de todo niño, invocando la protección legal para los menores tanto antes como después de su nacimiento. Lo mismo ocurre con la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay, pues, una clara conciencia universal, un primer principio irrebatible, que considera que la vida humana, en cualquier momento y circunstancia, es el bien supremo a proteger y en razón del cual se protege al niño, por ser uno de los momentos de mayor riesgo de perder la vida.



La subjetividad por sus fueros



La reforma propuesta al Código Penal del Distrito Federal por el diputado Tonatiuh González, del PRI, y a la cual se ha sumado con entusiasmo la bancada del PRD, va en dirección contraria al deseo del fortalecimiento del Estado de derecho. Cada aborto realizado con la indiferencia de la Ley es un acto de suicidio social, pues el adormecimiento de la conciencia de los diputados impediría que la sola presencia de la Ley sea un disuasivo del crimen y tenga una función educativa de la misma.



Ampliar las excepciones para sancionar el crimen del aborto ha sido ya una vergüenza social para un país que creía tener en su Constitución un instrumento jurídico de protección de la vida de todas las personas, según lo reconociera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva reforma pretende establecer, entre los casos en que el delito no es punible, el aborto "cuando a juicio de la solicitud de la mujer, de no provocarse el aborto durante las 14 primeras semanas de gestación se afecte su proyecto de vida y su desarrollo integral".



Se trata de un texto plagado de absurdos y mala redacción, que podría pensarse que está escrito para, entre otras cosas, causar confusión. Más allá de las semanas límite que se proponen, y que carecen de sentido científico alguno, con el nuevo texto se introduce la subjetividad total: "cuando a juicio de la solicitud de la mujer". ¿A juicio de quién, por qué y con qué sustento? "De no provocarse el aborto" pareciera una sentencia imperativa que declara, de antemano, que se trata de una amenaza, pues más que evitar una muerte se considera que, de no ejecutarse, se afectará "su proyecto de vida y su desarrollo integral". ¿El proyecto de vida de una persona es suficiente para acabar con otra? ¿Un crimen posibilita el desarrollo integral de alguien?



Este nuevo texto parecería, más bien, enfatizar en que la realización de un aborto objetivamente acaba con el proyecto de vida de quien acaba de ser engendrado y cancela toda posibilidad de desarrollo, por elemental que sea, y más aún, un desarrollo integral. Y éste, que hoy se nos esgrime como argumento a favor del aborto, podría tomarse con mayor fuerza, para defender la vida.



José J. Castellanos



NOTAS



[1] Cfr. Schooyans, Michel, ElEvangelio frente al Orden Mundial, Editorial Diana, México, 2000.



[2] Cfr. González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, EUNSA, 2ª. Edición, Navarra, 2006, p. 8 y siguientes



[3] Trueba Olivares, Eugenio , El Aborto, Editorial Jus, ª Edición, México, 978, p. 9



[4] Op. Cit., p. 9.



[5] González Morfín, Efraín, Sugerencias y caminos de un pensador, IMDOSOC, México, 2002, p. y sig.



[6] Trueba Olivares, op. Cit., p. 2 a.



[7] Ratificado por México el 2 de marzo de 98.



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