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España: Varón y Mujer ya no son iguales ante la Ley

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Según una resolución, es constitucional castigar más a los hombres que a las mujeres por un delito de violencia doméstica

¿Se imaginan ustedes una norma que estableciera que los vascos culpables de terrorismo deberían recibir un castigo mayor que el resto de los españoles porque la mayoría de los atentados cometidos en España en las últimas cuatro décadas los perpetraron gente de las Vascongadas?

¿Se imaginan una ley que señalara que en los procesos de separación y divorcio debe entregarse la custodia de los hijos preferentemente a los padres porque desde inicios de los ochenta han sido las madres las más beneficiadas?

¿Se imaginan una ley que estipulara que los delitos cometidos por extranjeros deberían castigarse con penas superiores porque, en términos proporcionales, hay más delincuentes foráneos que españoles?

Por supuesto que no. Quebrar así el principio de igualdad implicaría regresar en términos jurídicos al código de Hammurabi donde el delito cometido por un campesino se castigaba más que el perpetrado por un noble o, si se desea un ejemplo de nuestra Historia, a la Edad Media.

Sin embargo, ese dislate jurídico es el que acaba de consagrar el Tribunal constitucional. Según una de sus últimas resoluciones, es constitucional castigar más a los hombres que a las mujeres por la comisión de un delito de violencia doméstica que no llegue a la categoría de lesiones.

Así, mientras que la mujer se vería penada con una multa; el hombre podría verse condenado a un año de cárcel. La justificación ideológica para semejante despropósito se enraíza en el discurso de que las mujeres son una clase oprimida durante siglos y que está justificada cualquier medida, por disparatada que sea, que compense lo sucedido en un pasado donde fueron más víctimas que verdugos.

O sea, lo mismo que yo señalaba al principio del artículo en relación con vascos, padres o extranjeros.

Semejante episodio señala con elocuencia el nivel al que ha descendido el Tribunal Constitucional. Su presidenta, la señora Casas, ya iba a pasar a la Historia por no inhibirse en el caso del recurso de inconstitucionalidad del estatuto de Cataluña a pesar de que su marido cobró del gobierno catalán por un dictamen sobre ese asunto, por mantenerse ilegalmente en su puesto por capricho de ZP y por permitir que la vicepresidenta del gobierno le propinara en público una reprimenda de aquellas que soltaba el padre Rufino a los chicos de diez años en San Antón.

Ahora, además, añadirá a tan dudosos timbres de honor el de haber respaldado que se quiebre de manera quizá irreparable el principio de igualdad ante la ley. A partir de ahora, y con ese precedente, en España puede ser legal castigar más a un maketo o a un charnego que a un vasco o a un catalán pata negra, a un miembro de un partido de derechas que a un progre sea cual sea su procedencia, o a un judío que a un ario, porque, como ya dejó de manifiesto aquel socialista que se llamaba Adolf, los judíos llevaban siglos ocupando de manera desproporcionada puestos que pertenecían a los arios y era hora de practicar la discriminación positiva.

Ignoro cuál será el resultado final del recurso de inconstitucionalidad del estatuto catalán, pero con la señora Casas y los denominados progresistas me temo lo peor. Si, gracias a ellos, se ha consagrado que hombres y mujeres no son iguales ante la ley, ¿por qué deberían serlo las diferentes regiones españolas?

César Vidal
La Razón

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Actualizado ( Viernes, 20 de Marzo de 2009 21:27 )  

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