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Comité de ONU afirma derechos especiales para “la orientación sexual y la identidad de género”

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(NUEVA YORK – C-FAM)  Un comité de derechos humanos de la ONU recientemente indicó a los Estados Miembro que deben otorgar nuevos derechos humanos amplios basados en “la orientación sexual y la identidad de género” introduciendo cambios radicales en sus leyes nacionales y políticas y modificando sus prácticas y actitudes dentro de las familias y las instituciones culturales, porque, de lo contrario, “violarían” las obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional.



El documento titulado “Comentario General 20” fue publicado el 2 de julio por el comité encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. El documento no sólo pone fin a la penalización de la homosexualidad, a la violencia y a la discriminación injusta, sino que va mucho más allá y aduce que existen dos nuevas categorías antidiscriminatorias a pesar de que los Estados soberanos han rechazado en reiteradas oportunidades esas mismas categorías en debates abiertos de la ONU.

En los mencionados debates, las naciones manifestaron preocupación porque, siendo que los términos “orientación sexual e identidad de género” no son reconocidos ni definidos por el derecho internacional, la nueva categoría podría ser utilizada para imponer límites a las libertades de expresión, culto y consciencia, así como también a las leyes sobre matrimonio y los planes de estudio escolares. De hecho, el comité asegura que los cambios deben abarcar “la constitución de un Estado, sus leyes y documentos normativos” e incluir “medidas que atenúen o supriman las condiciones que perpetúan la discriminación”, incluyendo “el empleo en instituciones educativas o culturales”, así como también “las familias, los lugares de trabajo y demás sectores de la sociedad”. Estas disposiciones deben mantenerse hasta que llegue el momento en el que “se haya logrado de manera substantiva una considerable igualdad”. No se ofrece ninguna definición ni parámetro alguno para medir la "considerable igualdad”. 
 
El artículo contra la discriminación establece que los Estados Miembro adheridos al tratado aceptan “garantizar que los derechos enunciados en el presente Pacto serán ejercidos sin discriminación de ninguna clase, ya sea a causa de raza, color, sexo, lengua, religión, identidad política, propiedad, estatus nacional, social, de nacimiento o de cualquier otra índole”.



El comité afirma que “se necesita una aproximación flexible al área de ‘cualquier otra índole’” y que “‘otra índole’, según se contempla en el Artículo 2, Párrafo 2, incluye la orientación sexual”. La “identidad de género”, continúa diciendo el comentario general, “se reconoce entre los motivos de discriminación proscriptos; por ejemplo, en el caso de las personas transexuales, transgénero e intersexuales”.



El hecho de que la identidad de género y la orientación sexual sean reconocidas “entre los motivos de discriminación proscriptos” es uno de los asuntos más fuertemente objetados en los debates de la ONU sobre políticas sociales. Los gobiernos liberales han intentado, en numerosas oportunidades, lograr el consenso sobre este tema, pero hasta ahora no lo han conseguido. Ningún documento vinculante de la ONU incluye la orientación sexual ni la identidad de género entre las categorías protegidas que no deben ser motivo de discriminación. Para respaldar su redefinición, el comité menciona los Principios de Yogyakarta, un manifiesto muy controvertido redactado en 2007 por activistas y funcionarios de derechos humanos de la ONU que reinterpreta 29 derechos humanos preexistentes de modo tal que incluyen la homosexualidad. Este documento no oficial asegura que las naciones que son parte de tratados de la ONU sobre derechos humanos se encuentran ya obligadas a otorgar derechos homosexuales amplios, de lo contrario estarían infringiendo las leyes internacionales.



El comité de “expertos” designados no tiene potestad de hacer cumplir el tratado. Sin embargo, los estados envían informes al comité, el cual luego publica informes en los que se indica si los gobiernos están lo implementando adecuadamente. Sus observaciones son cada vez más utilizadas por juristas, funcionarios de gobierno y activistas para presionar a sus gobiernos a fin de que modifiquen sus leyes y políticas.

www.c-fam.org

 

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