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España: Reforma de la Ley de libertad religiosa es intento de regular la objeción de conciencia

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La anunciada reforma de la Ley de libertad religiosa está levantado muchos interrogantes. Las declaraciones del Gobierno abogando por la sumisión irrevocable de los ciudadanos a las leyes no contribuyen a tranquilizar a quienes sospechan que esta iniciativa legislativa es, en realidad, un intento de regular la objeción de conciencia. 

El plan del Gobierno de reformar la Ley de libertad religiosa, a la vista de los precedentes legislativos que ha impulsado el Ejecutivo en estas dos legislaturas, ha hecho plantear ya serias dudas. Hay quienes ven en el proyecto del Gobierno una excusa para crear, de manera encubierta, una ley de objeción de conciencia, y controlar la actitud de ciudadanos y profesionales ante el aborto, la píldora abortiva del día después, la asignatura Educación para la ciudadanía y la ley de uniones homosexuales. 

El amparo del Constitucional 

En la Constitución española se alude a la objeción de conciencia de modo que «la ley regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia», aunque esta frase se incluye en el artículo 30, que hace referencia exclusiva a «las obligaciones militares de los españoles». Posteriormente, la Ley 22/1998, de 6 de julio, desarrolla este artículo, pero también se centra únicamente en la regulación de la prestación social sustitutoria del servicio militar. De este modo, la objeción de conciencia en cualquier otro ámbito distinto del servicio militar se ha movido siempre en una vaga nebulosa, lo que ha hecho que los conflictos de conciencia se hayan resuelto siempre de manera jurisprudencial, sin el apoyo de una ley positiva que sirva de referencia. 

Así, el mayor hito en este sentido es la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, que contempla la objeción de conciencia referida al aborto como «parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, reconocido en el art. 16.1 de la Constitución», y manifiesta que, de este modo, «la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales». Desde entonces, esta Sentencia ha amparado la objeción de conciencia de los médicos ante el aborto, y ha provocado que, hasta la fecha, el aborto en España ha sido una actividad exclusiva de las llamadas clínicas abortistas. 

Sin embargo, la resolución del Tribunal Constitucional está siendo contestada, de hecho, por el nuevo proyecto de Ley del aborto, aprobado por el Gobierno, ya que pretende hacer del aborto un derecho que pueda ser reclamado en «centros cualificados de la red sanitaria pública», con lo cual colocaría a los profesionales de la Medicina en un brete. 

La justicia es ciega; ¿los jueces también? 

Pero el de los médicos no es el único ejemplo de profesionales a los que las nuevas iniciativas legislativas del Gobierno afectan directamente en conciencia. En mayo de este año 2009, el Tribunal Supremo desestimó un recurso del magistrado don Pablo de la Rubia en el que reclamaba no tramitar expedientes de matrimonios gays. La Sentencia del Tribunal Supremo afirmaba que «la función del juez tiene un carácter técnico, absolutamente desvinculado de toda práctica religiosa. Uno de los rasgos distintivos de la posición de los jueces es su sumisión única a la legalidad». La sentencia señala que, en caso contrario, «se resentiría esencialmente la configuración del poder judicial y la función de garantía del ordenamiento jurídico y de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos». Asimismo, el Supremo interpretaba que la jurisprudencia constitucional española «no ofrece base para afirmar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general. 

Si esto existiese, equivaldría a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho». Paradójicamente, este último argumento colisiona con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, que sí reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Por ello, quedaría abierta la vía de interponer un recurso de amparo del Tribunal Constitucional, ya que éste es el tribunal superior en materia de garantías constitucionales, y también la posibilidad de acudir hasta el Tribunal de Estrasburgo.

En cualquier caso, y sin menosprecio de los argumentos del Tribunal Supremo, lo cierto es que, como destaca don Javier Martínez-Torrón, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, de la Universidad Complutense de Madrid, en el momento actual de la judicatura española, «el posible éxito de una causa por un proceso de objeción de conciencia tiene poco futuro. Si la judicatura se planta en la misma intransigencia que ha mostrado habitualmente en causas de este tipo, entonces no hay nada que hacer. La judicatura española está siendo muy poco sensible en este asunto de objeción de conciencia de un ciudadano». 

Y es que, para este catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, se olvida una cuestión elemental: «La libertad de conciencia forma parte de la propia ley. Uno oye a algún ministro decir que todos tienen que cumplir la ley, y se olvida que la libertad de conciencia es parte de la propia ley, es parte de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional. Hay una gran nebulosa en todo ello, porque se trata de un tema muy politizado». 

Falta de consenso jurídico 

La penúltima batalla por el derecho a la objeción de conciencia en nuestro país se ha librado en torno a Educación para la ciudadanía. El Tribunal Supremo rechazó la objeción de conciencia a cursar la asignatura, pero prohibió a la Administración educativa, a los centros docentes y a los profesores «imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas». 

En definitiva, niega la objeción de conciencia en general, pero la deja abierta para libros, profesores o proyectos educativos concretos. Hoy, esta Sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por la cuatro familias sobre cuyo caso se pronunció el Supremo. Y no es el único revés que ha recibido este tribunal: un magistrado de Zaragoza falló, el pasado mes de abril, a favor de la objeción de conciencia en la asignatura de Educación para la ciudadanía, alejándose del Tribunal Supremo por entender que es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Y el último episodio relativo a la objeción de conciencia en nuestro país lo constituyen las dos Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconocen, frente a lo establecido por el Supremo, el derecho de los padres a objetar a Educación para la ciudadanía, con lo que se pone de manifiesto la falta de consenso en el ámbito jurídico en torno a la asignatura impulsada por el Gobierno.

Ante la ausencia de un desarrollo legislativo, y con un Tribunal Supremo que admite la objeción de conciencia en unos casos para negarla en otros, la doctrina del Constitucional, en los fundamentos de su Sentencia de abril de 1985, es clara: «La objeción de conciencia existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art. 16.1 de la Constitución». 

No obstante, entre los expertos hay dos tendencias: unos abogan por la regulación de la objeción, y otros afirman que ello podría asfixiar el ejercicio de este derecho, sobre todo si se tienen serias dudas acerca de quién y con qué intención abordaría una iniciativa de estas características. Aquí habría que citar las declaraciones del ministro de Justicia, don Francisco Caamaño, quien declaró, el pasado mes de agosto, que, «en nuestro país, no hay más objeción de conciencia que aquélla que está expresamente establecida en la Constitución o por el legislador en las Cortes Generales. Todos estamos sometidos a la ley. Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría en muchísimos temas, en éste y en otros muchos, a la desobediencia civil». 

En este sentido, don Javier Martínez-Torrón matiza que «una cosa es hasta qué punto uno está colaborando de manera activa en una cuestión que repugna a su conciencia y que considera inmoral, y otra es querer demostrar con su rechazo que la ley le parece inmoral»; pero al mismo tiempo también denuncia «la intransigencia total del Gobierno español a admitir casos reales de objeción de conciencia. Existe una especie de tiranía jurídico-moral que es inaceptable, y eso explica determinadas declaraciones que muestran una visión absolutista de la ley, olvidándose de que la objeción de conciencia forma parte de la propia ley».


Al Gobierno le toca así despejar las dudas acerca de la conveniencia de la regulación legal de la objeción de conciencia en este momento. Y a la sociedad le corresponde decidir hasta qué punto puede permitir que una ley pueda entrar a controlar del todo un fenómeno que sucede en la conciencia del individuo. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Profesionales con rigor 

También los farmacéuticos resultan afectados por el derecho a la objeción de conciencia, con motivo de la píldora abortiva del Día Después. Don Luis Alberto del Río, profesor de Tecnología farmacéutica, de la Universidad CEU San Pablo, afirma que «aquí confluye un interés político, que se está inmiscuyendo en la responsabilidad del farmacéutico. Se está haciendo dolo, por la ausencia de información acerca de este producto. El farmacéutico, por su propio código deontológico, puede inhibirse, a la hora de dar un medicamento que tenga una finalidad contra la vida. 

En este asunto, además, se ha obviado la mediación del médico, al querer ofrecer esta píldora sin receta; así, el farmacéutico tiene perfecto derecho a decidir si la dispensa o no». En cualquier caso, aunque hubiera una receta de por medio y la PDD fuera considerada un medicamento recetado por el médico, afirma que «el farmacéutico tiene la obligación de comprobar que es correcto para el paciente. En los Códigos deontológicos de algunos Colegios farmacéuticos, como el de Madrid, se afirma que el profesional debe abstenerse de participar en actuaciones en las que sus conocimientos sean puestos al servicio de actos en contra de la vida».


Además de ello, existe una Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de abril de 2005, en la que se reconoce el derecho de los farmacéuticos a presentar razones de conciencia para no dispensar ciertos medicamentos: «En el caso de la objeción de conciencia, su contenido constitucional forma parte de la libertad ideológica reconocida en la Constitución (artículo 16.1 y sentencia 53/85 del Tribunal Constitucional), en estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad física y moral, lo que no excluye la reserva de una acción en garantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competencias en materia de prescripción y dispensación de medicamentos». 

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