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Juez de la ONU afirma que el Papa debería ser procesado por la Corte Penal Internacional

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El pasado viernes, en Londres, un destacado jurista de las Naciones Unidas solicitó al gobierno británico la detención del Papa Benedicto XVI durante su próxima visita a Gran Bretaña, para que sea procesado por «delitos de lesa humanidad» en la Corte Penal Internacional.
 
Geoffrey Robertson pregonó su condición de juez de la ONU en un artículo publicado la semana pasada, en el que sostuvo que los juristas deberían invocar los mismos procedimientos utilizados para acusar a criminales de guerra como Slobodan Milosevic, a fin de procesar al Papa como cabeza de la Iglesia Católica Romana, quien es el responsable último de los abusos sexuales perpetuados por sacerdotes católicos en contra de niños.
 
Robertson es uno de los cinco juristas selectos que componen el sistema interno de justicia de la ONU, ante el cual comparecen los funcionarios de las Naciones Unidas envueltos en casos de corrupción y mala administración. Su artículo fue publicado en Estados Unidos y Gran Bretaña, y divulgado por la Prensa Asociada.
   
El profesor Hurst Hannum, miembro de la Fletcher School, de la Universidad Tufts, dijo a Friday Fax que sería una «verdadera exageración» apelar a la Corte Penal Internacional, ya que la jurisdicción de dicho tribunal está reservada principalmente para crímenes cometidos durante la guerra. Es más probable, añadió Hannum, que Robertson y otros expertos con ideas afines invoquen el principio de «jurisdicción universal», de modo que las cortes nacionales de todo el mundo puedan detener al pontífice en el momento en que ponga un pie en su territorio. Los críticos consideran que el mencionado principio, que fue puesto en práctica anteriormente, constituye una violación de la soberanía según lo establecido en la Carta de la ONU. 
   
No obstante, Robertson insistió en que la Corte Penal Internacional puede ser utilizada siempre y cuando no se aplique la inmunidad soberana del Papa y con la condición de que los juristas puedan probar que los abusos sexuales fueron llevados a cabo de manera «sistemática o generalizada», como fueron sometidos los niños soldados en las guerras de Sierra Leona y del modo en que son tratados los esclavos sexuales en todo el mundo.
  
Robertson, abogado especializado en delitos y cuasidelitos civiles, dijo que es necesario interponer una acción legal en contra de las máximas autoridades de la Iglesia, a fin de obtener más fondos para las víctimas de los abusos sexuales de los clérigos en aquellos casos en los que las diócesis se declararon en quiebra. Más precisamente, se refirió al hecho de que la diócesis de Los Ángeles ya ha desembolsado 660 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios, mientras que Boston lo hizo por 100 millones de dólares. 
 
Un destacado profesor de leyes dijo a Friday Fax: «Sin menospreciar en lo más mínimo la seriedad de las presuntas ofensas de los sacerdotes católicos, sería un error grave para las leyes de derechos humanos permitir que se trivializara el deber de proteger, y que se le hiciera el juego a los abogados norteamericanos que fijan honorarios bajo la modalidad de cuota litis». 

Otro abogado de derechos humanos dijo a Friday Fax que el artículo podría ser parte de una campaña mayor. Robertson lucha desde hace muchos años para que se prive del estatus de observador permanente a la Santa Sede en la ONU, y se refirió públicamente a la primera como «la ONG más grande del mundo».


Cuando en 1999 se lanzó una campaña tendiente desplazar a la Santa Sede, los Estados Miembros de la ONU ofrecieron su apoyo al Vaticano, y en 2004 la Asamblea General aprobó mediante votación unánime que se ampliara su estatus. No se sabe con certeza si el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, estaba al tanto de las tendencias políticas de Robertson antes de que lo nombrara juez de la ONU.

www.c-fam.org

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