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Órgano de la OEA utilizado para promover el aborto en América Latina

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Un documento recientemente emitido reaviva la preocupación de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se esté convirtiendo en otra sede más para la promoción del aborto so pretexto de la «salud reproductiva» y la «planificación familiar».



La publicación del documento titulado «Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos» concuerda con el «nuevo derecho humano internacional» a la salud materna recientemente reivindicado por los activistas a favor del aborto en la conferencia Women Deliver 2 que, respaldada por la ONU, tuvo lugar en Washington D.C. en junio de este año.



El nuevo informe cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando afirma que «la Convención Americana consagra el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica, y moral». La Convención Americana es el único tratado internacional que consagra el derecho a la vida «desde el momento de la concepción», aunque esto no figure en el nuevo informe.



El informe en cuestión se vale en gran medida de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, asegura que «la falta de información en materia reproductiva» es una «barrera en el acceso a los servicios de salud materna». También equipara el «derecho a la integridad personal» de las mujeres con el acceso a los «servicios modernos de planificación familiar», término ambiguo sujeto a la interpretación creativa de los activistas a favor de los derechos de aborto.



A lo largo de todo el informe se afirma sistemáticamente que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene el «deber» de implementar las teorías científicas del informe en lo que respecta a la «salud materna» y a reconocerla positivamente como un derecho - de modo contrario, según el informe, los Estados Miembros estarán «discriminando» a las mujeres y les estarán negando la «igualdad» en términos legales.



Asimismo, el texto sostiene expresamente que «las normas que prohíban la distribución y venta de todos los métodos de planificación familiar que utilizan las mujeres» son «discriminatorias». También, parece apuntar a los adolescentes y atacar los derechos de los padres al afirmar que los Estados deberían eliminar «las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y las desigualdades en materia de género que impiden que las mujeres y las adolescentes aspiren a servicios de buena calidad» y que «Entre las prácticas discriminatorias, los Estados deberían redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género tales como las restricciones al acceso a los servicios de atención médica por el hecho de carecer de la autorización del esposo [o] padres».



También se cita la Plataforma de Acción de El Cairo (El Cairo, 1994), que exige la reducción de la mortalidad materna mediante la disminución de la «morbilidad [causada] por abortos realizados en malas condiciones». El informe concluye con 14 «recomendaciones», entre las que se encuentra una por la que se solicita a los profesionales de la medicina que «informen a las mujeres sobre su salud para que éstas puedan adoptar decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de reproducción».



La Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la OEA. Si bien puede efectuar consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un cuerpo judicial separado, no tiene autoridad judicial en sí misma ni poder alguno para interpretar la Convención Americana. Sin embargo, como se informó tiempo atrás, agrupaciones pro-abortistas, como el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), armaron una estrategia para absorber a la Comisión Interamericana y utilizarla como plataforma de promoción de la agenda pro-abortista, a fin de revocar las leyes de aborto latinoamericanas y reescribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

www.c-fam.org

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