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Funcionario de la ONU afirma que el aborto es un derecho humano. El Secretario General lo avala

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Aunque quizás la atención mundial esté centrada en la Asamblea General mientras esta trata la cuestión de la condición de Palestina como Estado Miembro, la campaña metódica de los funcionarios de las Naciones Unidas para promover el aborto legal a escala internacional continúa, en gran medida, inadvertida. Durante el verano boreal, cuando la cobertura de prensa de las actividades de la ONU es mínima, la Secretaría de la ONU emitió un informe del Consejo de Derechos Humanos que exhorta a todas las naciones a aceptar que debe otorgarse a mujeres y niñas el acceso al aborto legal para que ellas puedan disfrutar plenamente sus derechos humanos.

Dicho informe, redactado por el Relator Especial de la ONU Anand Grover, vincula el aborto a petición con el derecho fundamental al más alto nivel de salud física y mental. Según Grover, «Las leyes penales que sancionan y restringen el aborto inducido son ejemplos paradigmáticos de barreras inaceptables para la realización del derecho de las mujeres a la salud y deben ser eliminadas».

Grover prosigue diciendo que la legalización del aborto, por sí sola, no es suficiente para que los estados eviten violar el derecho de las mujeres a la salud. También deben promover activamente el procedimiento. «Los Estados deben tomar medidas para garantizar que los servicios de aborto legal y seguro sean asequibles, accesibles y de buena calidad. Los abortos seguros, sin embargo, no estarán inmediatamente disponibles una vez que se los despenalice, a menos que los Estados generen condiciones en las cuales puedan ser provistos. Estas condiciones incluyen el establecimiento de clínicas disponibles y accesibles, la provisión de capacitación adicional para médicos y trabajadores de la salud, la promulgación de requisitos de concesión de licencias y que se garantice que se dispone de lo más nuevo y seguro en medicamentos y en equipamiento».

Grover también reclama que las mujeres deben tener acceso al aborto a fin de proteger su salud mental. Según afirma, «aunque se encuentra bien documentado el impacto psicológico de la búsqueda de un aborto ilegal o de llevar a término un embarazo no deseado, ninguna evidencia correspondiente respalda la existencia de una secuela de salud mental a largo plazo como consecuencia del aborto optativo».

Grover manifiesta su preocupación ante el hecho de que las mujeres que se drogan durante el embarazo puedan ser imputadas por abuso de menores: «En algunos casos, la legislación civil relacionada con el bienestar del menor fue ampliada para incluir sanciones punitivas por exposición prenatal a las drogas, en las que tal exposición puede proporcionar una base para la revocación de la patria potestad y el despojo del menor al nacer. El informe toxicológico positivo de una mujer embarazada o signos clínicos de exposición a las drogas en recién nacidos pueden ser considerados como evidencia de abuso o abandono de menores según estos sistemas legislativos». Por consiguiente, Grover exhorta a los Estados a que «Suspendan o deroguen la aplicación de las leyes penales existentes respecto de diversas formas de conducta durante el embarazo, como la relacionada con el tratamiento del feto, más particularmente el aborto espontáneo, el consumo de alcohol y de drogas, y la transmisión del VIH».

El informe comienza con una nota del Secretario General, Ban Ki-moon, que afirma que «tiene el honor» de presentarlo ante la Asamblea General de la ONU. Aunque tal expresión es propia del protocolo de las Naciones Unidas, cabe preguntarse cómo el sistema de la ONU puede aún mantener una postura oficial de neutralidad sobre el aborto a la luz del contenido de este informe en particular.

Quizás los Estados que reconocen el derecho a la vida del niño por nacer busquen afirmar que hacerlo no los convierte en violadores del derecho de sus ciudadanas a la salud.

www.c-fam.org

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