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Carta abierta a los católicos de Guayaquil (Ecuador) - Mons. Arregui Yarza

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Estimados hermanos sacerdotes y fieles todos de la Arquidiócesis de Guayaquil:

He apreciado con dolor que algunas orientaciones impartidas por nosotros, los Obispos y Pastores del Pueblo de Dios, han causado preocupación en un apreciable número de creyentes. Me apresuro a repasar los puntos en que no se ha logrado el ideal de una mutua y fácil comprensión.

Señalo, en primer lugar, que la única finalidad de toda intervención de la Iglesia Católica en materias sociales y jurídicas consiste en la promoción y tutela de la dignidad de la persona humana a la luz del Evangelio y de la recta razón.

La dignidad de las personas se manifiesta en forma eminente en el matrimonio y en la familia que del matrimonio deriva. Se trata de la relación natural del hombre con la mujer, fuente de las nuevas generaciones, un bien humano que caracteriza todas las épocas y todas las culturas. Bien inscrito en la naturaleza misma de la persona humana que, en cuanto tal, no está a disposición de ningún poder político. Más bien, todo poder político está llamado a tutelar el matrimonio y la familia.

En ocasión de los debates sobre la nueva Constitución, y aún antes, han surgido ciertas propuestas encaminadas a equiparar la unión entre personas homosexuales al matrimonio y a la familia.

Se trata de ideologías procedentes de otros países, oportunamente analizadas y descartadas por el Magisterio de la Iglesia. No es tampoco ahora la primera vez en que los Obispos del Ecuador hemos sostenido una enseñanza común en el sentido de que no puede hablarse de matrimonio ni de familia en las uniones que puedan formar personas homosexuales.

Esas uniones o asociaciones son contrarias a la naturaleza y de suyo estériles. De ningún modo pueden asemejarse a la recíproca donación personal, propia y exclusiva, por la que el hombre y la mujer tienden a su propia realización como personas, para colaborar con Dios en la generación y educación de los hijos.

No puede haber un ‘matrimonio homosexual' ni una ‘familia homosexual'. Son expresiones ajenas al sentir común de nuestro pueblo cristiano, que reconoce una huella divina en el amor conyugal y en la crianza de los hijos.

De otro lado, la moral cristiana considera la práctica homosexual como un grave desorden moral incompatible con la vida de fe, porque contrasta con la ley natural y los mandamientos de la Ley de Dios. Este juicio moral proclama, al mismo tiempo, el respeto que hemos de tener a los demás, a toda persona humana y a sus libres decisiones. No establece discriminaciones injustas. La Iglesia acoge con respeto, comprensión y delicadeza a los hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales.

Llevado al campo de la legislación del país, esto significa que ninguna ley puede tratar de asimilar estas relaciones y convivencias con la incomparable riqueza del matrimonio y la familia.

Como ha expresado un documento de la Santa Sede, no cabe en el ordenamiento jurídico ‘la legitimación de derechos específicos para las personas homosexuales conviventes' (Doctrina de la Fe, 3 julio 2003, n.5), ni dejar que el comportamiento homosexual sea ‘legalmente convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico' (ibid. n.6).

Considero que todos estos puntos están muy claros para una conciencia cristiana. Creo entender que la confusión ha nacido al hablar de la regulación de los derechos y obligaciones que puedan originarse en una relación duradera entre personas homosexuales, respecto de las cuales no podría darse un vacío jurídico. Pero el cauce jurídico para esos posibles derechos y obligaciones es el general de las leyes, sin necesidad de singularidades específicas.

El citado documento dice con claridad que ‘como todos los ciudadanos, también ellos (los homosexuales), gracias a su autonomía privada, pueden también recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco' (n. 9).

Es decir, pueden acogerse al régimen legal y civil, a lo que ‘reconozca la ley', como decían los Obispos en su exposición a la Asamblea Constituyente, a la normativa legal ‘como en el caso de otros acuerdos entre personas', según declaré recientemente. De ninguna manera aceptaríamos, en cambio, una ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales como fuente específica de particulares derechos y obligaciones.

Queridos hermanos, en estos meses circulan muchas corrientes adversas a los valores cristianos y, al mismo tiempo, tenemos los creyentes una gran oportunidad para trabajar por una sociedad más justa y fraterna, bajo la protección del Señor. Unamos nuestros empeños, por encima de las diferencias políticas, para un buen servicio a nuestra Patria.

Les desea, con todo afecto, las bendiciones del Señor.

+ Antonio Arregui Yarza
ARZOBISPO DE GUAYAQUIL
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ECUATORIANA

 

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