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10 de diciembre: LX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

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«A menudo, la legalidad prevalece sobre la justicia»




«Los principios fundacionales de las Naciones Unidas -el deseo de la paz, la búsqueda de la justicia, el respeto a la dignidad de la persona, la cooperación y la asistencia humanitaria- expresan las justas aspiraciones del espíritu humano y constituyen los ideales que deberían estar subyacentes en las relaciones internacionales». Los representantes de todas las Naciones, que abarrotaban la sede de la ONU, contenían hasta la respiración, al escuchar estas palabras de Benedicto XVI.



No se oía en el gran salón, más que la voz serena, tranquila e interpeladora del sucesor del Pescador de Galilea, el Papa Benedicto XVI. Nada más empezar su discurso, acababa de afirmar lo que «debería estar subyacente en las relaciones internacionales». Si debería estar, es que no está. Los representantes de las naciones siguieron escuchando a aquel hombre vestido de blanco, pequeño de estatura, pero de talla intelectual gigantesca. Aludía al 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y afirmaba:



«El documento fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad, y de considerar a la persona humana esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia. Es evidente -subrayaba con fuerza el Papa- que los derechos reconocidos y enunciados en la Declaración se aplican a cada uno en virtud del origen común de la persona, la cual sigue siendo el punto más alto del designio creador de Dios para el mundo y para la Historia. Estos derechos se basan en la ley natural, inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista».



El Papa levantó la vista un instante, en medio del silencio expectante. Había viajado de Roma a Nueva York para decir, en nombre de Jesucristo y de la Iglesia católica, en el más universal foro humano, justamente lo que acababa de decir: que hoy, igual que hace 60 años, o quizás todavía más, los derechos humanos no tienen razón de ser sin la persona humana concreta, a la que quieren servir. Con que alguno de los que le estaban escuchando se convenciera de esto, el Papa Benedicto XVI se daba por más que satisfecho; pero, por si no hubiese quedado suficientemente claro, insistió:



«La experiencia nos enseña que, a menudo, la legalidad prevalece sobre la justicia... Cuando se presentan simplemente en términos de legalidad, los derechos corren el riesgo de convertirse en proposiciones frágiles, separadas de la dimensión ética y racional que es su fundamento y su fin». El Papa acababa de resumir que la letra de la solemne Declaración de los derechos del hombre sólo tiene sentido si su centro y eje es la persona humana y si la legalidad deja de prevalecer, en tantos rincones del planeta, sobre la justicia; sobre lo que los poderosos entienden por justicia.



Siempre fin y nunca medio



El próximo día 10, el Papa y la Santa Sede celebrarán el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al anunciarlo, el cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, ha recordado el valor perenne de la Declaración, que constituye un momento de importancia fundamental para la maduración de una conciencia moral conforme a la dignidad de la persona, si se quiere lograr un mundo más justo y solidario; y ha explicado que «la Iglesia considera que los derechos humanos expresan la dignidad trascendental de la persona, única criatura amada por Dios por sí misma, siempre fin y nunca medio». Para que nadie se llame a engaño, el cardenal no ha tenido reparo en afirmar que ningún país los respeta plenamente.



Cuando más están siendo impunemente violados los derechos del hombre, desde el abominable delito del aborto provocado, que es la negación clamorosa del principal derecho de todo ser humano, el derecho a poder nacer; cuando se atenta contra los derechos más elementales de los más débiles a vivir con dignidad hasta el último momento de su vida natural, no falta quien se pregunta si la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no es más que papel mojado o retórica de pacotilla.



Muy recientemente, en sus palabras previas al rezo del Ángelus, el pasado 24 de noviembre, en la plaza de San Pedro, Benedicto XVI recordaba el 75 aniversario de la muerte de millones de personas en Ucrania y otras regiones de la entonces Unión Soviética. Celebraba la Iglesia la festividad litúrgica de Cristo Rey, y el Papa la glosaba así: «Sólo poniendo en práctica el amor al prójimo se deja espacio al señorío de Dios, mientras que por el contrario, si cada cual piensa únicamente en sus propios intereses, el mundo sólo puede ir hacia el desastre. El Señor no sabe qué hacer con los hipócritas que rezan, pero que no acatan sus mandamientos. ¡Que ninguna ideología vuelva a negar jamás los derechos humanos!», concluyó.


Miguel Ángel Velasco



Las ideologías, contra los fundamentos del Derecho



La Declaración de 1948, que marcó un hito en la historia del Derecho, corre el peligro de quedar reducida a un paréntesis en la larga historia de degeneración de los fundamentos del Derecho. El peligro es doble, como apuntaba Guardini, en la medida que, a la vez, aumenta la capacidad de los Estados de regular efectivamente todos los ámbitos de la vida del individuo. 

Queda sopesar qué pesa más: si la también creciente capacidad de control de los ciudadanos a los poderes públicos, o las siempre mayores posibilidades de manipulación, gracias, por ejemplo, a las tecnologías de la comunicación, al control de los sistemas educativos o a la capacidad discrecional de los Gobiernos de utilizar el gasto público.



El campo del matrimonio ejemplifica este proceso degenerativo. Como explicó el cardenal Rouco en la apertura del Congreso La familia en la encrucijada, celebrado en Alcalá de Henares, a comienzos de octubre, la concepción del matrimonio comienza a degenerar con la reforma protestante, que niega el carácter sacramental del matrimonio, y abre la puerta a su manipulación jurídica, desligando Ley natural de Ley divina.



Después, el pensamiento racionalista negará el carácter trascendente de la institución, aunque los juristas mantendrán aún un derecho natural desprovisto de trascendencia (iusnaturalismo). Por último, en los siglos XIX y XX, se elimina también aquella referencia, y el matrimonio pasa a ser una realidad instituida por el Estado, que puede definirlo según la voluntad coyuntural del gobernante (positivismo).



Los derechos humanos fueron proclamados no sólo para permanecer fuera del alcance de los Gobiernos, sino también para ser la base de los ordenamientos jurídicos y de las relaciones internacionales. Pareció que el trauma de las guerras mundiales hacía innecesario fundamentar estos derechos, pero después se ha visto que no. La concepción doctrinalmente débil de los derechos humanos explica la falta de convicción y determinación necesarias para exigir a los Gobiernos el fin de persecuciones políticas y religiosas, o la dificultad de lograr avances suficientes en la lucha contra el hambre y en los demás Objetivos del Milenio.



Han surgido incluso desacuerdos sobre si un hecho es un crimen o un derecho. El ejemplo más claro es el derecho a la vida, que deja paso a unos supuestos derechos reproductivos y sexuales de la mujer. También la protección del menor cede ante el empuje de un teórico derecho a la paternidad o a la adopción.



España, como otros países europeos, prepara en estos momentos una ley contra la discriminación por raza, sexo o religión. Suena bien, pero la cosa cambia cuando se analiza el efecto de este tipo de leyes en otros países. Un pastor protestante sueco fue encarcelado por criticar el llamado matrimonio homosexual.

En el Reino Unido y en el Estado norteamericano de Massachusetts, las agencias de adopción católicas deben elegir entre cerrar sus puertas o entregar niños en adopción a parejas homosexuales; la ideología de género se convierte progresivamente en materia obligatoria en las escuelas... El frente más caliente está ahora en los Estados Unidos. El Presidente Bush ha reforzado el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario ante prácticas como el aborto, y Barack Obama, según el Washington Post, considera esta y otras medidas similares «ideológicamente ofensivas».



El Presidente electo, cuenta el New York Times, cree que la ley discrimina a la mujer en el acceso a los servicios de salud reproductiva. Pero más llamativo aún es que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la agencia federal que debería celebrar con mayor entusiasmo la normativa, la rechace tajantemente, y defienda que se siga discriminando a centros donde el personal se niegue a practicar abortos por «creencias religiosas o convicciones morales». Garantizar la objeción, dice este organismo, equivaldría a acabar con 40 años de derechos civiles.



Ricardo Benjumea



www.alfayomega.es

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