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La «deconstrucción» de la sociedad a través de la legislación - María Lacalle

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INTRODUCCIÓN

En este capítulo vamos a analizar cómo la ideología de género se está implantando en la sociedad española a través de una legislación que está «deconstruyendo» las instituciones fundamentales de la sociedad. Veremos cómo, desde la Cumbre de Pekín en 1995, la mayoría de los países han asumido la perspectiva de género como una llamada a la acción y están implementando todo tipo de medidas que, más que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, lo que persiguen es la eliminación de toda diferencia y la transformación radical de la sociedad.

 

SOBRE LA IDEOLOGIA DE GÉNERO

La ideología de género implica una nueva forma de concebir al ser humano y la sociedad. Parte de una antropología dualista que separa en la persona su dimensión corporal de su dimensión psicológica y espiritual, y defiende que el género es una construcción social independiente del sexo biológico.

Desde esta perspectiva, las diferencias entre hombres y mujeres no responden a su naturaleza sexuada, sino que han sido construidas culturalmente en forma artificial a través de la historia, y son la causa de la discriminación que ha sufrido siempre la mujer. Por consiguiente, la única solución posible está en la eliminación de las diferencias de género. Sólo así, dicen, se podrá conseguir una sociedad igualitaria, justa y en paz.

NUESTRO PUNTO DE PARTIDA

Es innegable que la mujer ha soportado una gran desigualdad jurídica en casi todas las culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. Ha padecido múltiples limitaciones e injusticias por el hecho de ser mujer. En la actualidad, afortunadamente, ha alcanzado una igualdad formal con el hombre en casi todas las sociedades occidentales, aunque la igualdad material no es total y todavía hay mucho trabajo que realizar y mucho terreno que conquistar. En este sentido, el término «género» puede ser útil para distinguir entre los aspectos biológicos de la sexualidad y los factores culturales, entre lo que es propio de la mujer o del hombre por naturaleza y lo que es una mera construcción cultural. Y esta distinción es necesaria para que la mujer pueda alcanzar verdaderamente el estatus jurídico y social que merece.

El problema es que todo el mundo habla de «género», pero pocos saben realmente de qué están hablando. Es un término que ha sido aceptado acríticamente en todas partes pasando a formar parte del vocabulario políticamente correcto, a pesar de que la ideología de género plantea muchos interrogantes. ¿Se puede desligar completamente el sexo del género? ¿Se puede decir que todas las diferencias genéricas son arbitrarias y no tienen base en la naturaleza?

Desde una antropología unitaria no se pueden aceptar los postulados de la ideología de género. El ser humano es cuerpo y alma  sustancialmente unidos, y en la corporalidad se encuentra ineludiblemente la sexualidad. Luego el ser humano es impensable fuera de su condición sexuada. Existe en dos posibilidades: hombre o mujer (Juan Pablo II, 1988: n. 1), y no tiene otra posibilidad de existir. Y la diferenciación sexual no se reduce al ámbito corpóreo sino que matiza y modula hasta los rincones más íntimos de la persona del hombre y de la mujer. Es una característica primaria que acompaña a la persona durante toda su existencia y que trasciende lo puramente biológico y cualquier determinismo instintivo afectando al núcleo mismo de la persona (Juan Pablo II, 1981: n. 11). Hombre y mujer no sólo tienen un sexo distinto, sino que son hombre o mujer en toda la estructura de su ser.

El hombre y la mujer son esencialmente iguales: participan de la misma naturaleza y tienen la misma dignidad. Pero decir que son iguales no equivale a decir que son idénticos, exactos, uniformes. Porque cada uno de ellos tiene una forma diferente de ser: masculina o femenina. La sexualidad humana habla a la vez de igualdad y de diferencia: habla de complementariedad.

Hombre y mujer están ordenados por naturaleza el uno al otro: la mujer es el complemento del hombre como el hombre es el complemento de la mujer (Juan Pablo II, 1995: n. 7). La condición sexuada del ser humano lejos de separarles lo que hace es referir, relacionar, orientarles uno hacia el otro. El hombre y la mujer están ordenados el uno al otro como a su plenitud (Scola, 1989: pp. 38 y ss).

Por consiguiente, el criterio que debe guiar las relaciones entre hombres y mujeres debe ser el de la complementariedad, y no el de la competitividad; el del enriquecimiento mutuo a partir de las diferencias, y no el de la uniformidad empobrecedora que anula la diversidad. Sabemos que a lo largo de la historia no siempre se ha entendido así. En el pasado se ha puesto más énfasis en la diferencia que en la igualdad. Y casi siempre se ha interpretado la diferencia como superioridad del hombre, olvidando que las diferencias son complementarias y enriquecedoras. La lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer ha hecho grandes avances en los últimos tiempos, y constituye un progreso inmenso en la evolución de la humanidad. El riesgo, ahora, está en olvidar la diferencia y la complementariedad.

Por tanto, ante la búsqueda de la igualdad radical propia de la ideología de género, que llega a rechazar cualquier diferencia entre el hombre y la mujer, hay que preguntarse, ¿somos absolutamente iguales? Compartimos la misma naturaleza y tenemos la misma dignidad, pero ¿somos completamente iguales? La respuesta a esta pregunta es básica a efectos jurídicos. Si somos absolutamente iguales no puede haber ninguna diferencia de trato en la legislación. Si somos diferentes en algo las leyes, para ser justas, deberán reconocer esa diferencia. Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y es injusto tratar del mismo modo a los que no son iguales.

 

LA CONFERENCIA DE PEKÍN Y EL MAINSTREAMING

Las feministas de género están convencidas de que la ley ha sido el más importante aliado del sistema patriarcal que ha oprimido a la mujer a lo largo de la historia, por lo que ahora están decididas a utilizarlo para sus propios fines.

Ciertamente, la ley, al regular las relaciones sociales, constituye un factor determinante para la igualdad o la desigualdad entre hombres y mujeres. Las disposiciones legales pueden dar forma, moldear y orientar el comportamiento social y la conciencia colectiva y pueden contribuir a la conformación del significado de las instituciones. La ley juega un papel educativo de primer orden, especialmente en una sociedad como la nuestra en la que la mayoría de la gente carece de los más elementales principios éticos, por lo que identifica fácilmente lo legal con lo bueno: si algo está permitido por ley se convierte inmediatamente en admisible, en aceptable, incluso en conveniente.

Las feministas de género lo saben, y han realizado una labor eficacísima para introducirse en todos los foros internacionales y desde allí influir en la legislación de cada país. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer que se celebró en 1995 en Pekín, la ideología de género se impuso de manera aplastante, pero no como una mera teoría a nivel jurídico, sino como una llamada a la acción, exhortando a todos los países miembros a integrar la «perspectiva de género» en sus ordenamientos jurídicos. Es lo que se ha dado en llamar mainstreaming, que se suele traducir, de modo no del todo correcto, como «transversalidad».

            El mainstreaming de género es la re-organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas (Consejo de Europa, 1998). Es decir, se trata de que los gobiernos no concentren las políticas de igualdad únicamente en un ministerio o área de la mujer sino que las incluyan en todos los programas y medidas legislativas, y de introducir sistemas de análisis ex ante y ex post de la repercusión de cada medida en el género.

En la Conferencia de Pekín se impuso como un dogma que la perspectiva de género es imprescindible para evitar desequilibrios en la legislación debido a la situación históricamente desfavorable de la mujer en la sociedad. Por eso se dijo que todas las medidas políticas y legislativas deben buscar el «empoderamiento» (empowerment) de la mujer, que consiste en la capacidad de provocar cambios sociales para la eliminación de las causas de marginación y que permitan a las mujeres alcanzar su desarrollo personal. Se considera que el empoderamiento es necesario para superar el estado de opresión de género, para que la mujer sea capaz de enfrentarse al hombre y para que alcance su autonomía.

Es preciso reconocer que dentro de la perspectiva de género se incluyen algunas propuestas acertadas. Todo lo que redunde en una mejora de la situación social, económica y jurídica de la mujer es digno de elogio y apoyo. Pero también incluyen planteamientos discutibles e iniciativas que atentan contra el auténtico desarrollo de la mujer y de la socieda1 general. Porque la perspectiva de género no es utilizada únicamente para la promoción de la igualdad jurídica entre hombre y mujer, sino que busca la igualdad radical, total. Para las feministas radicales todo lo que implique diferencia significa desigualdad, y desigualdad significa discriminación opresión. Además, como ya hemos dicho, consideran que te da diferencia entre el hombre y la mujer es construcción social, arbitraria e injusta, y, por consiguiente, tiene que ser cambiada. Por eso su objetivo es acabar con todas las instituciones que, a su juicio, fomentan la diferencia. Su objetivo es la deconstrucción de la sociedad, especialmente todo lo relativo a la  sexualidad, la vida y la familia.


¿NUEVOS DERECHOS HUMANOS?

En el ámbito del Derecho Internacional los defensores de la ideología de género proponen una reelaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos introduciendo «nuevos derechos» y reinterpretando los que ya existen. En este sentido hay que mencionar los llamados «Principios de Yogyakarta», que fueron adoptados en una reunión de especialistas en legislación internacional celebrada en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006. Dicho grupo de especialistas estaba formado por un ex alto comisionado de Derechos Humanos, especialistas independientes de Naciones Unidas, integrantes de los órganos de Naciones Unidas que dan seguimiento a los tratados, jueces, activistas y académicos. En este documento se proponen una serie de principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. En esta propuesta, como en tantas otras que han ido viendo la luz, se puede comprobar que todo lo relacionado con la sexualidad, el matrimonio y la familia queda alterado y pervertido.

Por su parte, el Informe de la Secretaría General sobre la Implementación de los Resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas aconseja que los derechos humanos sean interpretados a través de la perspectiva de género. Y lo mismo hace la Asamblea General: «La perspectiva de género es indispensable para elaborar la nueva cultura de los derechos humanos» (Resolución 50/203).

Los grupos de activistas feministas que actúan en Naciones Unidas, en la Unión Europea y en otros foros internacionales suelen basar sus reivindicaciones en los derechos individuales de las mujeres y en la igualdad total. Por eso uno de sus objetivos principales es lograr que las mujeres accedan al mercado de trabajo masivamente. Para lograrlo están utilizando el mecanismo de la discriminación positiva, que consiste en una serie de medidas o políticas públicas que se establecen temporalmente con el fin de acelerar la instauración de una igualdad de hecho entre los hombres y las mujeres. El informe del Consejo de Europa titulado Equality andDemocracy: Utopía or Challenge? recomienda la adopción de sistemas de cuotas o la exigencia de paridad. En esta línea se enmarca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Aunque tanto el Consejo de Europa, como el Tribunal Constitucional han aceptado la utilización de estos mecanismos de discriminación positiva, al menos de manera provisional y mientras subsista la desigualdad, muchas voces autorizadas consideran que es un atentado contra el principio de igualdad ante la ley proclamado en el artículo 14 de la Constitución. Son medidas ardientemente defendidas por las feministas de género, entre otras cosas porque parece que es la única manera de asegurar la presencia femenina en algunos sectores. En aquellos países en los que la igualdad jurídica y de oportunidades se ha conquistado hace ya mucho tiempo, la realidad ha demostrado que muchas mujeres prefieren dedicar sus mejores esfuerzos a la maternidad en lugar de al mercado laboral.

Efectivamente, si el objetivo es la paridad —fifty/fífty--—- el obstáculo principal es la maternidad. Mientras un alto porcentaje de mujeres considere la maternidad como su vocación primaria, decidiendo no trabajar fuera del ámbito doméstico, dejando el trabajo durante largos períodos a fin de afrontar las exigencias familiares o eligiendo ocupaciones con horarios o tareas compatibles con las responsabilidades familiares, las actividades y dedicación profesional del hombre y de la mujer serán notablemente diferentes (O’ Leary, 1997, pp. 13 y ss). Las feministas de género consideran que eso perpetúa la desigualdad y las clases de sexo, que son la causa de todos los males de las mujeres. De ahí su rechazo a la maternidad y su insistencia en presentarla como un instrumento de opresión utilizado por los hombres para tener a las mujeres recluidas en casa y apartadas de la vida pública.

Aunque rara vez lo reconocen expresamente, las feministas de género están convencidas de que la maternidad constituye un impedimento a la realización de las mujeres. Este convencimiento está presente, de manera más o menos velada, en todos sus documentos y propuestas, y se puede decir que ha calado en la sociedad occidental provocando lo que algunos llaman «abandono cultural» de la maternidad.

El rechazo a la maternidad es lo que les lleva a hacer de los llamados «derechos reproductivos» su bandera. Se trata de un conjunto de «derechos» cuyo objeto es que la mujer controle por completo la fertilidad, y que tienen como núcleo central la reivindicación del aborto libre, gratuito y universal, lo cual es considerado fundamental para el «empoderamiento» de la mujer. Las organizaciones feministas denuncian la prohibición del aborto como un atentado contra los derechos humanos y una agresión a los principios de justicia social. Es más, consideran que el aborto es un derecho de las mujeres. En esta línea se inscribe la reforma que está preparando el Ministerio de Igualdad, cuyo único objetivo conocido parece ser el de sacar adelante la legislación sobre el aborto más permisiva de Europa.

Más que de «derechos reproductivos» parece que hablan del «derecho a no reproducirse». Buscan formas para liberar a la mujer de la «tiranía» de su naturaleza biológica, permitiéndole escapar de la «barbarie» del embarazo. Afirman que en sociedades más imaginativas la reproducción podría asegurarse por otros medios: si las mujeres se negaran a tener hijos los hombres tendrían que buscar una solución técnica, y así se podría alcanzar el objetivo último que es la liberación de la maternidad (Firestone, 1972, pp. 10-12).

La misma terminología utilizada demuestra hasta qué punto rechazan la maternidad. Incluso las feministas más apasionadas de los años setenta que reclamaban furibundamente el derecho al aborto hablaban de la «maternidad como libre opción». El acento se ponía en el asentimiento femenino a la maternidad, mientras que ahora el mismo término «maternidad» y hasta el término «procreación» están desterrados de todos los textos internacionales. Ahora se habla de «trabajo reproductivo» para referirse a la maternidad (Rocella, 2005).

No nos dejemos engañar. La maternidad no es una maldición, ni una carga pesada que la sociedad ha impuesto a la mujer para someterla y recluirla en el ámbito privado. La maternidad es una vocación, es algo auténtico, es una llamada a ser lo que somos puesto que está unida a la estructura personal de la mujer.

La maternidad es algo muy especial, más cualificado que la paternidad. Es algo que se vive desde dentro y por lo tanto afecta de una manera más intensa al ser personal. Esto es patente en el embarazo: las mujeres vivimos el embarazo desde dentro, y eso nos hace sentirlo de una manera distinta. La naturaleza nos ha dotado de una serie de características que nos capacitan para acoger esa nueva vida que crece en nuestro interior, y estas características, específicamente femeninas, las vivimos en todos los aspectos de nuestra vida: hacen que seamos lo que somos. Por eso el rechazo y el desprecio de la maternidad equivalen a un rechazo y a un desprecio de la mujer. Mientras que la comprensión del valor de la maternidad es clave para una toma de conciencia existencial de nuestra identidad y para poder vivir con autenticidad nuestra condición femenina.

Indudablemente, las mujeres tenemos derecho a estar presentes en todos los ámbitos, y tenemos mucho que aportar al mundo profesional. Las estructuras sociales y laborales necesitan el «genio» de la mujer para hacerlas más habitables y humanas. Pero lo que no se puede hacer es «forzar» a la mujer a renunciar a lo específicamente femenino. Hemos de ser conscientes de que no estamos ante una mera cuestión de orden práctico, sino ante un problema profundamente antropológico: está en juego la propia identidad de la mujer.

Las declaraciones de las conferencias de Naciones Unidas y de otros organismos supranacionales, aun no siendo jurídicamente vinculantes, tienen una gran importancia e influencia, puesto que establecen conceptos e instrumentos de acción política que definen la dirección hacia la cual se están orientando los derechos humanos y se van introduciendo conceptos equívocos y distorsionados que acaban por instalarse firmemente en el pensamiento dominante. A partir de ahí se va implantando la ideología de género en la sociedad. Se está realizando una auténtica «ingeniería social» a través de las leyes y otras medidas políticas. Este proceso está siendo especialmente intenso y rápido en España, como veremos a continuación.

 
UNA CUESTIÓN BÁSICA: LA PROPIA IDENTIDAD SEXUAL

«El Parlamento todo lo puede, salvo transformar un hombre en una mujer o una mujer en un hombre». Eso decían los ingleses para enfatizar la supremacía del Poder Legislativo británico. Pero parece que el poderío del Parlamento español es todavía mayor puesto en el mes de marzo de 2007 aprobó una ley que permite que un hombre se transforme en mujer, y viceversa, al menos registralmente.

Efectivamente, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registra’ relativa al sexo de las personas, establece los requisitos necesarios para cambiar la inscripción que señala el sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponda con su verdadera identidad de género. También contempla el cambio de nombre para que no resulte discordante con el «nuevo» sexo.

La persona solicitante deberá acreditar ante el encargado del Registro Civil de su domicilio que le ha sido diagnosticada disforia de género. Deberá aportar informe médico o psicológico clínico que acredite la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia. Además, hay que acreditar que se ha seguido un tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, aunque dicho tratamiento no será necesario cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento. Para la concesión de la rectificación registral relativa al sexo no se requiere cirugía de reasignación sexual.

En esta ley, que ha pasado prácticamente desapercibida, se percibe con claridad la influencia de la ideología de género. En ella subyace la concepción del ser humano que hemos descrito al principio, según la cual la identidad sexual es una variable subjetiva de cada persona. Es decir, cada uno de nosotros es hombre o mujer no por naturaleza sino por decisión personal. Así, la disforia sexual no se considera como una anomalía del sujeto que debe ser tratada, sino como una manifestación de su «género». Es como si cada uno pudiera «inventarse» a sí mismo: la naturaleza no cuenta, cada uno hace lo que quiere porque la libertad es una fuerza omnipotente y autocreadora.

Pero, nos guste o no, la libertad tiene unos límites, y no puede ir más allá de la propia naturaleza. Es preciso aceptar la realidad: somos hombres o mujeres desde el instante de la concepción. Nadie nos preguntó. Es algo que nos viene dado, y que es preciso aceptar.

Además, ya hemos dicho que la sexualidad humana no se reduce a pura biología puesto que afecta a la persona entera. El ser hombre o mujer no es una cuestión meramente fisiológica, sino también psíquica y afectiva. Por eso no decimos que una persona «tiene» un sexo masculino o femenino. Decimos que «es» hombre o mujer.

La concordancia entre el sexo biológico y el mundo psíquico y afectivo de la persona es una tarea con la que se enfrenta forzosamente todo ser humano. Ya desde la infancia cada uno ha de confrontarse con su propio cuerpo, que le viene dado, y debe ir desarrollando su identidad psíquica de acuerdo con su identidad sexual. Cada persona tiene como tarea reconocerse a sí misma y desarrollar los sentimientos y las tendencias afectivas congruentes con su propia biología. Lo normal es que la persona adquiera progresivamente durante la infancia y la adolescencia conciencia de ser «sí mismo», conciencia de su propia identidad. Esta conciencia de la propia identidad (¿quién soy yo?) se adquiere reconociéndose hombre o mujer. No podemos adquirir una identidad personal separada de la identidad sexual (yo soy «yo-hombre» o yo soy «yo mujer»). Somos lo que somos nos guste o no nos guste. Lo mejor que podemos hacer es aceptarlo y vivir conforme a nuestra naturaleza pues la negación de nuestra identidad sexual puede llevamos a la patología y a una vida desgraciada.

HOMBRE Y MUJER: ¿ENEMIGOS IRRECONCILIABLES?

El hombre y la mujer son complementarios y se necesitan mutuamente. Sin embargo, desde el feminismo radical de género se insiste en concebir las relaciones entre hombres y mujeres en términos de enemistad irreconciliable y de abuso permanente. Es lo que ocurre con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. No es el momento de realizar un análisis profundo de la misma, pero, a la vista de los resultados, cuatro años después de su entrada en vigor, podemos afirmar que está siendo un auténtico fracaso. Dejando aparte otros problemas como la asimetría jurídica entre hombre y mujer, la judicialización excesiva de los conflictos o la ausencia de un proceso de conciliación, nos interesa resaltar ahora que en sus preceptos está implícita una guerra de sexos.

Efectivamente, la ley ha sido redactada desde una concepción de la violencia entre hombres y mujeres como algo inevitable, tal como se desprende de la siguiente afirmación: «De todas las violencias ilegítimas, la violencia de género es la única que afecta a la mitad de la humanidad, todas las mujeres son destinatarias en mayor o menor grado de este tipo de violencia» (Durán Febrer, 2004, p. 5

Se hace una lectura de la violencia llamada «de género» según la cual la causa principal es la desigualdad derivada de la posición histórica de la mujer en la sociedad y el dominio al que han estado y siguen sometidas (Balaguer, 2004, p. 23). Esto conduce al error de ignorar las causas profundas que provocan la violencia.

No parece que la desigualdad y el sistema patriarcal sean la única causa, ni siquiera la principal, de la violencia del hombre sobre la mujer. Si así fuera ¿cómo se explica que se sigan dando tantos casos de violencia «de género» entre gente muy joven que teóricamente ha sido educada en la igualdad? Hay otras causas que la ley ignora por completo y que nadie parece querer reconocer, como el desequilibrio psicológico, la falta de control de los impulsos, el alcohol o las drogas. De ahí la manipulación de las estadísticas y la ocultación de datos a la sociedad. Desde los años noventa han ido aumentando las muertes de mujeres a manos de sus parejas y ex-parejas pero también las muertes de hombres a manos de sus parejas y ex- parejas, los suicidios de unos y otros, la muerte de niños, la violencia de los adolescentes contra sus padres y las agresiones a las personas de mayor edad dentro del ámbito doméstico. Por no mencionar la violencia en parejas de lesbianas, que es asombrosamente frecuente (Renzetti, 1992). De todos estos incrementos sólo se ha presentado a los medios de comunicación las muertes de mujeres.

La violencia es algo terrible. Es una auténtica lacra en la sociedad actual. Y va a más. Evidentemente, es bueno y necesario que la ley persiga todo tipo de violencia y establezca medidas para terminar con ella. Pero es un error querer interpretarlo todo en clave de lucha de sexos, como si las relaciones entre el hombre y la mujer fueran necesariamente conflictivas. La solución no está en la búsqueda de la igualdad total negando las diferencias. Somos iguales y diferentes. Somos complementarios. Y nos necesitamos mutuamente.

¿En qué consiste exactamente ser hombre? ¿En qué consiste ser mujer? No se puede responder a esta pregunta analizando por separado la masculinidad y la feminidad. Porque «hombre» y «mujer» son dos estructuras recíprocas. Ser hombre no consiste exclusivamente en ser de una determinada manera, sino en serlo frente a la feminidad. Y ser mujer no consiste en poseer unas virtudes o características determinadas, sino en ser así frente al hombre. De manera que no se puede comprender lo que es ser mujer sin hacer referencia al hombre, y a la inversa. La masculinidad y la feminidad se implican y se proyectan mutuamente. «Lo masculino no es una realidad en sí independiente, sino que es, constitucionalmente, una realidad para lo femenino, y viceversa, hasta el punto de que bajo ningún aspecto se puede definir lo masculino, y ni siquiera interpretarlo, si no es desde y para lo femenino» (Vela, 1986, p. 35).

Por eso la concepción de la persona y de la sociedad que subyace a la ideología de género está provocando una confusión muy grande tanto en hombres como en mujeres. Al rechazar lo específicamente femenino debido a su afán por negar cualquier diferencia, hacen que la relación hombre-mujer quede desencajada, lo cual provoca un desquiciamiento de la propia identidad tanto de la mujer como del hombre: si no sabemos qué es ser mujer, tampoco sabemos qué es ser hombre. Y si no sabemos ni quiénes somos, mal andamos.

ABOLIR LA FAMILIA

Hay un «lugar» donde la originalidad de lo masculino y lo femenino se viven con la mayor autenticidad, y ese «lugar» es la familia. «Abolir la familia» es una frase tomada del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Frederick Engels que las feministas de género han hecho suya porque consideran que la  familia es la fuente principal de opresión para la mujer, pues en ella se aprende como por ósmosis que hombres y mujeres somos diferentes. El ambiente familiar, dicen, es la principal fuente de «roles socialmente construidos», y las experiencias de relaciones «sexo-específicas» que en ella se viven son la principal causa del sistema de clases de sexo/género.

Para anular la influencia de la tan denostada «familia tradicional» se intenta fomentar la diversidad familiar. Una de las estrategias adoptadas consiste en la implantación en el Derecho de Familia de una corriente que considera que la ley es la creadora de la familia, en lugar de su principal protectora: es la ley, sin ninguna consideración a la realidad natural, la que decide qué es el matrimonio, qué es la familia y qué es la paternidad. Y es que para que prospere el modelo de diversidad familiar es necesario fragmentar y desfigurar estas nociones dando entrada a las múltiples situaciones que se pueden producir. Para empezar, ya no se habla de familia, sino de familias; se sustituyen los términos marido y mujer por «cónyuges»; padre y madre por progenitor A y progenitor B.

Una anécdota muy iluminadora sobre esta cuestión la proporciona la historia del anagrama oficial de la ONU para el Año Internacional de la Familia, en 1994. Inicialmente se propuso un dibujo que representaba una pareja con un hijo bajo un techo pero poco a poco comenzaron a arreciar las críticas de una y otra parte, por lo que el logo fue sufriendo sucesivas modificaciones, reestructuraciones y simplificaciones hasta quedar, al final, reducido a un techo debajo del cual había un corazón. La interpretación es muy directa: la familia no es más que un lugar en el que habita el sentimiento (Burgos, 2004).

 
Vaciamiento del concepto de matrimonio

Para destruir legalmente una institución se pueden seguir dos caminos o dos estrategias distintas: se puede prohibir, o se puede optar por una vía indirecta, equiparándola a realidades totalmente distintas y, por tanto, vaciándola de contenido. Esto es lo que está ocurriendo con la institución matrimonial. Antes el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer abierta a la vida y con vocación de permanencia. Ahora es la unión de dos personas para un ratito. La institución matrimonial ha sido alterada en sus elementos esenciales.

Por otra parte, la progresiva institucionalización de la convivencia more uxorio contribuye también al oscurecimiento del significado del matrimonio. Es cierto que las uniones de hecho han existido siempre, englobadas dentro de la figura del concubinato. La novedad es que han pasado de la marginalidad a la plena aceptación social y jurídica como situaciones análogas al matrimonio. La equiparación de efectos entre el matrimonio y las uniones de hecho es cada vez mayor. Además, y paradójicamente, mientras las parejas de hecho tienen que cumplir toda una serie de requisitos jurídicos para ser consideradas como tales, el vínculo matrimonial cada vez está menos protegido.

Tras las últimas reformas el matrimonio se configura en nuestro ordenamiento jurídico como una unión de carácter puramente contractual, centrada en la pareja, sea heterosexual u homosexual, basada en la afectividad y no en el compromiso, siendo su objeto el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges y no el bien de los hijos, y rescindible a capricho. Parece que se ha hecho realidad lo que decía Friedrich Nietzsche: «Es lícito actuar como mejor parezca, o “como quiera el corazón”, y, en todo caso, “más allá del bien y del mal”».

 ¿Qué queda del matrimonio? Cada vez más, un concepto vacío.

Divorcio «express»

La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, ha introducido en el ordenamiento jurídico español el divorcio unilateral, automático y sin causa. Es algo que encaja perfectamente en la ideología de género, pues si cada uno se construye y se «inventa» a sí mismo, y puede construir su relación como quiera, también se le debe reconocer la capacidad de destruirla a capricho.

El divorcio se puede solicitar, por los dos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, y también por uno solo, a los tres meses de contraído matrimonio (artículo 86 del Código civil). No hay que alegar causa ni motivo alguno. Como dice la ley, la causa determinante es la voluntad de la persona que ya no desea seguir vinculada con su cónyuge.

Al leer el preámbulo de la ley parece claro que el concepto de matrimonio que hay tras ella no se basa en el amor verdadero que lleva a dos personas a comprometerse y entregarse mutuamente, sino que se basa en la relación afectiva, prescindiendo de cualquier función social, y se pone todo el énfasis en la satisfacción emocional, psicológica y sexual que proporciona a sus participantes. La ley se fija en el deseo y en la libertad individual. Si uno de los cónyuges desea romper su matrimonio, su deseo ha de hacerse realidad sin más consideraciones. No hay que tener en cuenta al otro cónyuge, ni tampoco hay que pensar en el daño, a veces irreparable, que se produce en los hijos.

El legislador considera que tampoco merece la pena dedicar el mínimo esfuerzo a intentar la reconciliación de los cónyuges. Está claro que cuando dos personas están firmemente decididas a terminar con su matrimonio ni la ley ni autoridad alguna puede remediarlo. Pero no todas las parejas tienen las cosas tan claras y, quizá, con la ayuda adecuada, podrían arreglar su crisis matrimonial. El Derecho de Familia debería proteger el matrimonio y proporcionar medios de ayuda a los matrimonios en crisis, en lugar de favorecer la ruptura eliminando plazos y causas.

Los partidarios del divorcio «express» invocan la «neutralidad» del Estado frente a las opciones particulares de los ciudadanos, pero esa supuesta neutralidad es incompatible con la defensa de la familia. La regulación del divorcio unilateral y sin causa no es simplemente que el Estado adopte una postura de mayor respeto hacia la libertad individual, sino que demuestra una postura de menor interés por la estabilidad del matrimonio. Como ya hemos señalado al principio, la ley cumple un importante papel «pedagógico», y si permite que el matrimonio se rompa con tanta facilidad, lo que le está diciendo a la sociedad es que el matrimonio no es importante, que el contrato matrimonial vale menos que cualquier otro contrato civil o mercantil. Y la sociedad se ha dado prisa en aprender el mensaje de la ley de divorcio de 2003. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística el número de divorcios en 2006 fue de 126.952, lo que supone un incremento del 74,3 % respecto a la cifra registrada el año anterior.

“Matrimonio” homosexual

La Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, ha añadido un párrafo al artículo 44 del Código Civil: «El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo».

El texto de la ley contempla el matrimonio como un invento social que va cambiando y adaptándose a las circunstancias históricas: será la ley la que, «en cada momento histórico y de acuerdo con sus valores dominantes, determinará la capacidad exigida para contraer matrimonio, así como su contenido y régimen jurídico».

Pero las parejas del mismo sexo no serán nunca un verdadero matrimonio, pues falta en ellas la natural complementariedad que se da entre un hombre y una mujer, que es lo que hace posible la unión.

La ley insiste en la superación de una situación discriminatoria, en la extensión de derechos y en el libre desarrollo de la personalidad. Asegura que ios ciudadanos exigen que se establezca «un marco de realización personal que permita que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad».

Pero, ¿por qué regula el Derecho el matrimonio? ¿Para que los cónyuges puedan desarrollar su personalidad? Ciertamente, no. El Derecho regula el matrimonio debido al papel fundamental que cumple en relación con la aparición y educación de quienes van a garantizar el futuro de la sociedad. La unión de un hombre y una mujer tiene el potencial de traer niños al mundo, niños que necesitan protección, cuidados y cariño. El ser humano nace con una indigencia absoluta y necesita de un entorno adecuado, no sólo para sobrevivir, sino también para desarrollarse como persona. Y el entorno idóneo para un desarrollo equilibrado de la personalidad es la familia de fundación matrimonial, con un padre y una madre. Las diferencias innatas existentes entre el varón y la mujer generan la complementariedad necesaria no sólo para la concepción de un nuevo ser humano, sino también para su educación. De ahí el inmenso valor social del matrimonio. La relación interpersonal de un hombre y una mujer es la idónea para proteger y educar a los hijos.

Por su parte, la unión de dos personas del mismo sexo es esencialmente estéril. De la relación entre dos hombres o entre dos mujeres es biológicamente imposible que nazcan hijos. Esto hace que las relaciones homosexuales sólo les interesen a ellos. El Estado no tiene por qué proteger ese tipo de relaciones. Se puede reconocer su existencia a los efectos de ciertos derechos civiles de contenido patrimonial. Pero en ningún caso se debe equiparar una unión de personas del mismo sexo al matrimonio por una razón muy sencilla: porque una pareja del mismo sexo no puede traer hijos al mundo, ni tampoco puede aportar la estructura familiar necesaria para su educación. No se trata de discriminar a nadie. Se trata, simplemente, de que no poseen las condiciones naturales necesarias.

Pero parece claro que el inusitado interés del gobierno en aprobar esta ley no se debía simplemente al deseo de dar entrada al pequeño número de homosexuales que quiere contraer matrimonio, sino de redefinirlo radicalmente privándole de sus elementos esenciales y de obtener el reconocimiento social para la homosexualidad. Ya hemos visto que las leyes cumplen un importante papel en la configuración de las conciencias.. En la mens legislatoris no estaba sólo el empeño en equiparar totalmente las uniones homosexuales con el matrimonio, sino la perversión de la institución matrimonial. El cambio en el concepto legal del matrimonio cambiará también el concepto social del mismo.

Redefinición de la paternidad: la reproducción asistida

Si nos preguntamos por qué el Derecho de Familia regula la paternidad, la respuesta automática hasta hace poco habría sido: por el bien de los hijos. Sin embargo, en la actualidad parece más bien que lo hace para satisfacer los deseos de los adultos. Efectivamente, la paternidad/maternidad ya no se concibe corno un don sino como un derecho, un derecho que la sociedad tiene que satisfacer por cualquier medio. Este es el espíritu que late bajo la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

En primer lugar es preciso hacer un juicio ético sobre la reproducción humana artificial, en general. Y hay que decir que la producción de seres humanos en los laboratorios choca con la dignidad de la persona, que exige que los niños no sean «producidos», sino procreados. El problema moral no está en la utilización de la técnica, sino en la ausencia de un acto personal en el origen de la vida (Conferencia Episcopal Española, 2006).

Y la inmoralidad es aún mayor cuando los niños son producidos quebrando la realidad del matrimonio o totalmente al margen de ella. La ley reconoce el derecho de acudir a estas técnicas a toda mujer mayor de edad y con plena capacidad de obrar, con independencia de su estado civil y orientación sexual (art. 6.1).

Puede ocurrir que recurra a estas técnicas una mujer casada, con el consentimiento de su marido. En este caso éste aparece como el padre legal de la criatura, No es el padre biológico, pero al menos va a ejercer como su padre.

Cuando recurre a estas técnicas una mujer casada con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil su consentimiento para que se determine a su favor la filiación del hijo de su cónyuge (art. 7.3, redacción según ley 3/2007, de 15 de marzo), de manera que aparecerá en el Registro y en el Libro de Familia como «progenitor B». Lo cual es un completo disparate, pues figurará en el Registro algo que es evidentemente falso. Como decíamos antes, la paternidad y la maternidad ya no se consideran relaciones naturales, sino meras etiquetas que el Estado puede aplicar y distribuir libremente a quien considere que encajan en ellas. Y considera que dos mujeres son “progenitoras” de una criatura.

            Cuando recurre a estas técnicas una mujer sola, entonces no hay progenitor B: ese niño no tiene padre. No es que su padre no lo quiera reconocer, es que, legalmente no tiene padre, y no se le permite buscarlo, ni conocerlo, ni relacionarse con él en manera alguna.

En todos los casos el padre biológico no existe para la ley, pues ésta ordena el anonimato de los donantes y la absoluta confidencialidad sobre su identidad. Con lo cual nos encontramos cOn multitud de «padres» que no tienen hijos, y de hijos que no tienen «padre». Quizás la pregunta que habría que hacerse es, ¿un donante de semen es un padre? ¿O no es un padre? ¿Qué es? Según la ley un donante no es un padre, es simplemente el «lugar» en el que se ha originado el material genético necesario para «producir» un niño.

Muchos de los niños que han venido al mundo a través de estas técnicas, y que ya no son tan niños están obsesionados por la cuestión de su origen biológico y de su propia identidad. Algunos países europeos están cambiando su legislación para prohibir el anonimato en las donaciones de material genético. En Gran Bretaña se exige a las clínicas de fertilidad que dispongan de un banco de datos para registrar toda la información de los donantes, información que los niños así concebidos podrán consultar, silo desean, a partir de los 18 años. En cualquier caso, los donantes no asumen ninguna obligación en absoluto para con sus eventuales hijos. Pero esta regulación ha provocado un descenso notable en las donaciones de semen, lo que ha hecho que las clínicas se opongan radicalmente a la revelación de la identidad del donante. Y es que todo esto se ha convertido en un gran negocio. Las clínicas de reproducción asistida están ganando muchísimo dinero con estas técnicas, y ni siquiera se plantean cuál es el bien de los niños.

El anonimato del donante, junto con el hecho de que la reproducción asistida está gestionada enteramente por clínicas privadas, dificulta enormemente el control sobre sus verdaderas características y sobre el número de óvulos fecundados con su semen. La falta de control puede hacer que un mismo donante tenga una muy numerosa prole diseminada por todas partes, lo cual les expone a un riesgo de incesto involuntario que no hay que despreciar.

Por otra parte, la ley presenta muchos y muy graves problemas éticos, como la introducción del término preembrión (que carece de fundamento científico o filosófico alguno); la utilización de embriones para la investigación; el diagnóstico genético preimplantacional y la consiguiente selección de embriones sanos; la posibilidad de producir bebés-medicamento; la aceptación implícita de la donación llamada terapéutica (que ha sido luego expresamente autorizada por la Ley de Investigación Biomédica). Todo esto demuestra un espantoso desprecio a la vida y a la dignidad humana. La investigación con embriones es una aberración estremecedora. Cuando los padres permiten que se investigue sobre sus embriones están olvidando que son sus hijos y los están convirtiendo en una cosa, en una mercancía sobrante que se puede ceder para ser usada de cualquier manera.

Como decíamos más arriba, la producción de seres humanos en los laboratorios choca con la dignidad de la persona, y trae consigo numerosos abusos y atentados contra las vidas humanas incipientes, es decir, contra los hijos. Cuando se «producen» seres humanos en el laboratorio, se comete una injusticia con ellos, porque se les está tratando como si fueran cosas (Conferencia Episcopal Española, 2006).

 
La redefinición de la paternidad: la adopción por parte de parejas homosexuales

La reforma introducida por la Ley 13/2005 equipara a las uniones de homosexuales al matrimonio a todos los efectos, incluida la adopción.

Como ya hemos señalado, se ha estado utilizando una estrategia muy eficaz que consiste en presentar todos estos cambios como una ampliación de derechos y como una defensa de la libertad individual. Que cada uno viva como quiera y que el Estado proteja cualquier elección con la misma intensidad. Pero nadie se ha parado a explicar las consecuencias que necesariamente provocan esos cambios y, sobre todo, cómo todo esto afecta a los niños. Es lo que ocurre con la adopción por parte de parejas de homosexuales.

Lo primero y más importante es comprender bien cuál es el fin y razón de ser de la adopción: se trata de encontrar una familia para un niño, no un niño para una familia. Su fin es amparar a la persona más débil, el niño, en su derecho natural a tener padre y madre. Lo que ocurre ahora es que se ha producido una inversión errónea: parece que es cada adulto quien tiene derecho a adoptar y a sentirse padre o madre. No es así. Es el niño el que tiene derecho a un padre y una madre. Nunca, en ningún caso, se puede considerar al hijo como un medio para una satisfacción personal.

Por encima de todo, las leyes deben tener en cuenta el interés del adoptando. Es lo fundamental. Es la clave de bóveda de todo el sistema. Nada hay más importante que el interés del adoptando. Por eso los adoptantes deben ser declarados idóneos para la adopción. Si lo fundamental es el interés del adoptando, es obvio que el juez debe asegurarse de que la adopción es beneficiosa para el menor y que la familia en la que va a ser recibido reúne las condiciones necesarias para su desarrollo armónico y equilibrado. Por tanto, no existe un pretendido «derecho a adoptar», tampoco para las parejas heterosexuales. La adopción no es un medio para satisfacer los deseos o aspiraciones de los adoptantes, sino una institución al servicio del interés de los menores. Y la relación homosexual no proporciona una estructura familiar propicia para el desarrollo de un niño.

Desde la comprensión del género como socialmente construido se afirma que la paternidad y la maternidad no tienen raigambre en la naturaleza, sino que son un «rol». Un «rol» que puede desempeñar cualquiera.

Sin embargo, ser padre no es lo mismo que ser madre. Sólo puede ser padre el hombre y sólo puede ser madre la mujer. La paternidad está ligada a la estructura personal de ser hombre y la maternidad está ligada a la estructura personal de ser mujer (Scola, 1989: 82-85). Ser padre o madre afecta al ser y al actuar personal. Son dos modos diferentes de conocer, de procesar información, de reaccionar. Son dos modos diferentes de amar. Se trata de una diferencia innata, que brota de la condición sexuada del ser humano. No es una diferencia adquirida por lo que no se puede justificar desde presuntos roles culturales.

Algunos utilizan como argumento para defender la adopción por parte de parejas homosexuales el hecho de que muy a menudo la figura paterna o la figura materna están ausentes de la vida de sus hijos. Es cierto que muchos niños, cada vez más, crecen en hogares monoparentales, pero de este hecho no se puede deducir que la ausencia de la figura paterna o materna sea algo irrelevante en el desarrollo de los hijos. Cualquier persona con un mínimo de honestidad debe reconocer que lo ideal es que el matrimonio dure para siempre y que los hijos se desarrollen en el seno de una familia completa y feliz, con un padre y una madre que se quieren. La falta de uno de los progenitores no es un hecho indiferente. Es doloroso. Se puede superar, pero supone una carencia. La psicología lo muestra abundantemente. Ahora bien, en los casos en los que falta el padre o la madre, al menos el niño no está sometido a confusión. El problema de la adopción por parte de homosexuales no es sólo la falta de la figura materna o de la figura paterna, sino que hay dos padres o dos madres que viven entre ellos una relación confusa. Y la desorientación que esto puede producir en los niños es terrible (Rekers, 2004; Fontana, Martínez, Romeo, 2005).

Parece claro que la adopción por parte de parejas homosexuales no es el contexto adecuado para la educación de los hijos. Puede haber incluso consecuencias patológicas graves en el adoptado. Es preferible sacrificar el deseo de paternidad de una pareja homosexual que poner a un niño ante el riesgo de graves descompensaciones psicológicas.

La fragmentación familiar perjudica sobre todo a los hijos y a las mujeres

En los Estados Unidos llevan ya varias décadas sufriendo los problemas que se derivan de la fragmentación familiar, y existen ya numerosos trabajos científicos que confirman lo que la sociedad sabe muy bien por experiencia: el experimento de la «diversidad familiar» es un completo fracaso. Existe también abundante evidencia científica que demuestra que la familia de fundación familiar es el mejor hábitat para el desarrollo adecuado de los niños.

El matrimonio ayuda a asegurar el derecho básico de los niños, siempre que sea posible, a ser criado por su propio padre y su propia madre (art. 6 de la Declaración de los Derechos del Niño). La institución matrimonial construye y protege una fuerte conexión entre la relación hombre-mujer y los niños que resulten de dicha unión. Por eso, cuando se cambia la configuración del matrimonio, inevitablemente cambia también la relación paterno-filial.

El abandono del matrimonio provoca sufrimiento en los niños. Numerosas investigaciones sociales han demostrado que los hijos de divorciados corren mayor riesgo de padecer desequilibrios emocionales, de fracaso escolar, de consumo de drogas y alcohol, de promiscuidad sexual. Esto es evidente y lo admite todo el mundo, aunque luego no se tomen medidas para evitar la ruptura familiar. Pero de lo que ni siquiera se habla es de que la ruptura matrimonial perjudica también gravemente a los Cónyuges, especialmente a las mujeres. A medida que la institución familiar se debilita, lo que se consigue no es una mayor igualdad, sino todo lo contrario puesto que las mujeres tienen que asumir en solitario la carga del cuidado y crianza de los niños. Es cierto que la legislación obliga al padre a colaborar, pero ningún cheque a fin de mes puede suplir ni para el niño ni para la madre los mismos beneficios que una familia armoniosa y completa.

El matrimonio, lejos de ser una institución opresiva para la mujer, ofrece la solución al problema de lo asimétrico de nuestra biología: el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales juntos, pero sólo la mujer se queda embarazada. La naturaleza asegura que al menos la mujer estará presente cuando el niño nazca y establece un lazo muy profundo entre la madre y el hijo. Pero no hay un imperativo biológico que conecte al padre con el niño de la misma manera. El matrimonio contribuye a salvaguardar la necesidad que el niño tiene de un padre y la mujer de un compañero. Además, cubre la necesidad que tiene todo hombre de desarrollar en plenitud su masculinidad, de ser el padre que necesita su hijo y el marido que necesita su mujer. Por tanto, el matrimonio ayuda a crear una mayor igualdad entre los padres.

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Las feministas consideran que las mujeres tenemos nuestra libertad limitada a través de procesos de aprendizaje en la infancia, en los que la auto-limitación es interiorizada como algo natural, de ahí su obsesión por actuar en el ámbito educativo para cambiar las mentalidades.

A través de su implantación en el sistema educativo la perspectiva de género aspira a una transformación radical de la realidad. Por ello, las feministas proponen depurar la educación y los medios de comunicación de todo estereotipo o imagen específica de género, para que los niños puedan crecer sin que se les exponga a conceptos «sexo-específicos». «La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva del “género” debe integrarse en los programas. Deben eliminarse los estereotipos en los textos escolares y concienciar en este sentido a los maestros, para asegurar así que niñas y niños hagan una selección profesional informada, y no en base a tradiciones prejuiciadas sobre el “género”» (Consejo de Europa, 1995, p. 23).

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, está impregnada de ideología de género, lo cual queda claro desde el mismo Preámbulo, donde se dice: «Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en ci respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas».

En la asignatura Educación para la Ciudadanía esta filosofía está presente en todas las etapas, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria (Lacalle, 2007, pp. 49-66). EJ Estado, inmiscuyéndose de manera escandalosa en el derecho de los padres a la educación de sus hijos, asume la competencia de educar la afectividad de los niños: «Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional» (Real Decreto 1631/2006, BOE de 5 de enero de 2007, p. 715).

            Por otra parte, se rechaza cualquier diferenciación entre varón y mujer, llegando a identificar desigualdad con discriminación, identificación que ha sido puesta de relieve y señalada como errónea por el Consejo de Estado en sus Dictámenes sobre los textos legales que regulan la asignatura (Dictámenes 2234/2006 y 2521/2006). Además, se insiste machaconamente en la diversidad afectivo-emocional y en la posibilidad de elegir la propia identidad de género y orientación sexuales (Real Decreto 163 1/2006, BOE de 5 de enero de 2007, pp. 679 y 719).

            También aparece de manera reiterada el concepto de horno- fobia, entendiendo por tal la no admisión como normal y buena de cualquier orientación sexual (Ibid., pp. 718-720). En este sentido conviene recordar que el pasado 21 de junio se aprobó en la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso una proposición no de ley para establecer en la escuela medidas contra la homofobia y a favor del reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferencias, que permita superar los comportamientos «sexistas».

No es difícil imaginar las consecuencias terribles que puede producir la enseñanza de una antropología basada en la filosofía de género en los niños y adolescentes. La confusión que se les puede provocar en torno a su propia identidad sexual es tan grave que puede conducirles a la patología y a una vida desgraciada.

Estamos asistiendo a un progresivo intervencionismo estatal en la libertad de enseñanza propia de los padres. Esto es patente en la asignatura Educación para la Ciudadanía, que pretende formar «la conciencia moral cívica» de todos los alumnos y que no concede espacio ni autoridad a los padres. Es cierto que se les permite elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, pero ¿qué validez tiene esa elección si luego el Estado les impone otra moral y otra concepción del hombre y del mundo?

En los Reales Decretos que desarrollan la Ley Orgánica de Educación no se menciona para nada la autoridad de los padres. Esto resulta tan patente y escandaloso que el Consejo de Estado advirtió al Gobierno que debería incluir «el respeto a padres y profesores, la aptitud para aprender y escuchar el consejo y orientación de unos y otros y la sensibilidad para apreciar el ejemplo que puedan constituir» (Dictámenes 2234/2006 y 2521/2006). Pero este sabio consejo no fue atendido. La familia estorba en todo este proceso de adoctrinamiento. Por eso hay que atacarla, o debilitarla. Y una de las formas de debilitarla consiste en minimizar la autoridad y la influencia de los padres.

Los padres quedan fuera de ámbitos muy importantes de la vida de sus hijos. Según la legislación vigente, a los trece años se puede consentir en mantener relaciones sexuales, sea con personas del mismo o de distinto sexo, incluso con un adulto (art. 181 del Código Penal). Las propias administraciones fomentan la precocidad de los adolescentes en materia sexual, como queda demostrado en los folletos de sexo infantil que se reparten en muchas comunidades autónomas.

El ataque a la familia es una constante de todas las ideologías totalitarias que han pretendido un control de la persona. En todo este proceso de ingeniería social o deconstrucción de la sociedad, por utilizar la propia terminología de la ideología de género, la familia es un obstáculo. Minar la autoridad de los padres es necesario para manipular libremente a los niños y configurar sus conciencias y su visión del mundo y de las cosas.

CONCLUSIONES

Compartimos con las feministas su convicción de que se puede transformar la sociedad a través de las leyes. Y también creemos que hay que introducir las reformas necesarias para  que la legislación vigente sea un verdadero apoyo en la lucha por la igualdad de oportunidades para la mujer. Pero la solución a los problemas de la mujer no es la discriminación injusta, ni el enfrentamiento con el hombre, ni su total autonomía, sino el entendimiento, el respeto, la cooperación, la mutua ayuda. La verdadera liberación de la mujer no se alcanzará negando su femineidad e igualándola al hombre, sino logrando que sea ella misma.

El término género puede ser adecuado para describir los roles, funciones y estereotipos que han sido asignados al hombre o a la mujer a consecuencia de factores culturales y sociales y para identificar aquellos que son arbitrarios e injustos. Pero no se puede olvidar que no todo es construcción social, sino que muchas de las diferencias entre hombres y mujeres tienen su base en la propia naturaleza.

            La «perspectiva de género» será buena para la mujer y para la sociedad en su conjunto en la medida en que contribuya a alcanzar la igualdad de oportunidades y una mayor justicia social. Pero las leyes no pueden negar las diferencias ni enturbiar las relaciones entre hombres y mujeres. No pueden ignorar la originalidad de lo femenino y lo masculino y su natural complementariedad. Las leyes tienen que dar respuesta adecuada a la naturaleza.

 

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María Lacalle Noriega


Doctora en Derecho y Licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora de Derecho Civil de la Universidad Francisco de Vitoria.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria, Pozuelo, Madrid.

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Actualizado ( Jueves, 22 de Abril de 2010 19:56 )  

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