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España: El lobby gay acosa la independencia judicial

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¿Qué tienen en común el ex juez de paz de Campillo de Ranas (Guadalajara), un juez de familia de Murcia y la titular del juzgado número 3 de Denia? Además de su obvia relación con el Poder Judicial, los tres han padecido (y aún lo hacen) la presión con la que el lobby gay acosa a los jueces que no allanan el camino a los homosexuales

Los hechos se remontan a 2006, pero las consecuencias aún se mantienen candentes para don Francisco García Peinado, ex juez de paz de un pequeño pueblo de Guadalajara, Campillo de Ranas. Hace dos años, este ganadero, natural del pueblo, comenzó a vivir un acoso por parte del alcalde homosexual de la localidad, el socialista don Francisco Maroto.

«Él sabía desde el principio que lo de las familias homosexuales no iba con mi conciencia, e intentó hacer que me fuera, acusándome de que tenía el Registro Civil lleno de trabajo. Le respondí que los papeles que yo firmaba como juez de paz me los pasaba el Secretario del Registro, que era Secretario del Ayuntamiento. Y que yo sólo tramitaba lo que me llegaba, pero que no podía hacer nada más», recuerda García Peinado.

Sin embargo, según denuncia el ex juez de paz, las razones del alcalde iban más allá de los atascos burocráticos. «Aunque él no sabía que yo iba a dimitir antes de firmar un libro de familia gay, me decía que iba a tener que firmar aunque no me gustara, que él iba a casar a más gays y lesbianas que las parejas de toda la vida que iban a casar los curas... Al final me puso en apuros y recibí una carta del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, a la que no llegué a contestar para explicar lo que pasó, porque sabía que el alcalde iba contra mí. Así que dimití, por conciencia». Un dato: el juez de paz que sustituyó a Gacía Peinado fue el entonces novio del alcalde, con quien se casó el pasado julio.

Territorio para homosexuales

Sin embargo, a pesar de la drástica decisión de García Peinado, el alcalde «no se quedó tranquilo. Desde entonces no para de atacarnos a la gente del pueblo que no le reímos lo que hace para favorecer a los gays. Aunque durante todo el año vivimos 60 o 70 vecinos, hay casi 200 empadronados que viven fuera y que le votan a él. Porque en este pueblo empezaron a venir en los 80 gentes de Madrid, la mayoría homosexuales, y han querido hacer su territorio.

En los plenos hemos visto muchas irregularidades, como regalar metros de suelo público a sus amigos para alinear la parcela. Ahora ha nombrado a otro concejal gay, y lo está llenando todo de colegas, como dicen ellos. Y mientras, ataca a los del pueblo. A mi familia nos ha denegado una licencia de obras con todo en regla, y ha dicho a las autoridades que si una vaca rompe la valla y se escapa, nos persigan a nosotros más que a la vaca».

Además de estas presiones al anterior juez de paz, el alcalde de Campillo de Ranas tiene palabras también para los sacerdotes de un pueblo cercano (Tamajón) que atienden la parroquia de Campillo. «Es muy bravucón con los curas -dice García Peinado-, y ha dicho que si ellos casan a cuatro, él va a casar a cuarenta. Luego, en las fiestas va dándoselas de católico, pero es un lobo con piel de cordero, porque ese catolicismo no sé dónde lo habrá aprendido...»

Una cosa es segura: el alcalde no lanza al aire sus palabras sobre el proyecto de ingeniería social que quiere hacer en el pueblo, al menos si se tiene en cuenta que ya ha casado a más de una treintena de parejas homosexuales, muchas llegadas desde otros puntos de España. Incluso circula por Internet un documental alabando la iniciativa del primer edil.

Campaña propagandística

El caso de Campillo de Ranas ha estado acompañado de un curioso fenómeno: numerosos medios de comunicación han cerrado filas en torno al alcalde socialista, con alabanzas a su labor como promotor de las bodas entre homosexuales.

Incluso TVE dedicó varios minutos al enlace del alcalde con el actual juez de paz; un respaldo mediático que contrasta con la presión que están viviendo dos magistrados en activo: la jueza de Denia, Laura Alabau, que se ha negado a tramitar el matrimonio de cuatro parejas homosexuales, y para quien la Fiscalía solicitó una multa, después de que denunciase la «persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno» (multa que el CGPJ ha retirado recientemente); y el juez de Familia de Murcia, don Fernando Ferrín Calamita, que denegó la adopción de una menor a una pareja de lesbianas, a quien su Presidente de sala espetó que «un católico no puede estar al frente de un Juzgado de Familia», y que acaba de denunciar las irregularidades que está padeciendo en un juicio que contra él emprendió la pareja de lesbianas a quienes denegó la adopción. Tres casos muy distintos con un denominador común -la presión del lobby gay- que García Peinado resume con sencillez: «Parece que como son homosexuales pueden hacer lo que quieran, hasta con la Justicia».

José Antonio Méndez

www.alfayomega.es

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Actualizado ( Domingo, 22 de Febrero de 2009 12:06 )  

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