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España: El Gobierno consuma su desprecio al derecho a la vida, que ha cambiado por derecho a aborto

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Conforme se esperaba y con unas leves retoques que no afectan a ninguna parte sustancial, el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley del aborto que irá al Congreso para su debate, sin tener en cuenta ninguna de las recomendaciones del Consejo Fiscal ni de las múltiples asociaciones científicas, jurídicas y cívicas que defienden el derecho a la vida, a la mujer y a la maternidad. De esta manera se consuma el desprecio del Gobierno por el derecho a la vida que ha venido a cambiar por el supuesto "derecho" de la mujer a abortar.

La reforma establece el aborto libre hasta la semana 14 y sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, una decisión que ha sido criticada por el PP, que ha anunciado que rechazará el proyecto en el trámite parlamentario. Para la portavoz y vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta nueva ley que niega el derecho a la vida del "nasciturus" para convertir el aborto en un derecho de la mujer, es "sensata y ajustada a derecho".



Fernández de la Vega se acogió al dictamen del Consejo de Estado que supuestamente avalaba la legitimidad de la ley, para afirmar que "derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley". El proyecto establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y las ayudas de que puede disponer para la maternidad, al menos tres días antes del aborto. De manera excepcional, hasta la semana 22, se podrá abortar en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En ambos casos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por dos médicos distintos a los que practican la intervención. La reforma establece también que cada autonomía tendrá al menos un comité clínico.



En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no sólo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos; en un centro no autorizado, y consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley. No obstante, la reforma no incluye pena de prisión para la mujer, como ya ocurría hasta ahora.



Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, se ha introducido algún retoque en el anteproyecto que afectaal sistema de información a la mujer que desee abortar: se ha introducido un nuevo apartado, por el que "se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción". Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.



Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal, y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se regulará reglamentariamente. Además, se han recogido, asimismo, todas las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para garantizar la intimidad y la confidencialidad.



Los aspectos fundamentales no cambian, ya que, según el proyecto, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión al menos tres días antes.



Respecto al trámite parlamentario, la vicepresidenta De la Vega mostró su voluntad de escuchar a todos los grupos para incorporar algunos de los aspectos que más han preocupado a la sociedad como la información a las menores de 18 años, un diálogo que también buscará el PSOE, según ha dicho la secretaria de Igualdad, Soledad Cabezón. La vicepresidenta insistió en que "la voluntad del Gobierno es prevenir los embarazos no deseados".



El PP no es de la misma opinión, ya que, según la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, la reforma transmitirá un mensaje equivocado a los jóvenes que "entenderán la interrupción del embarazo como un método anticonceptivo", con un resultado que incrementará el número de abortos en España. Moneo anunció que su partido presentará una enmienda a la totalidad al proyecto del aborto, principalmente, porque se permite que las mujeres de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres. En este sentido, explicó que el PP pedirá su devolución al Gobierno porque la nueva norma "atenta contra un derecho constitucional que es el derecho a la vida".



Por su parte, el Foro de la Familia tachó el texto de "injusto e insolidario" y volció a animar a todos los ciudadanos a ir a la manifestación del 17 de octubre. En el lado opuesto, las clínicas acreditadas y grupos feministas, si bien han valorado la reforma, han reivindicado mejoras. La Asociación de Clínicas Acreditadas (ACAI) ha apoyado que la reforma reconozca la libertad de decisión de la mujer, pero ha considerado que el plazo para abortar libremente, de catorce semanas, es un límite "conservador" que debería ser modificado en el Parlamento, un aspecto compartido por Mujeres ante el Congreso todas ellas abortistas. El proyecto ha recibido apoyo también del secretario general de ERC, Joan Ridao, quien ha celebrado que el debate se sitúe en el ámbito de la salud y no del Código Penal.

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